Hace un par de semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum integró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual encabeza Pablo Gómez —líder del movimiento estudiantil del ‘68— y a quien le acompaña Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
Este grupo es un conjunto de ideólogos de la 4T con distintos orígenes, pero sin experiencia en el ámbito electoral.
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La Comisión tiene como propósito elaborar una propuesta de reforma electoral, a partir de la realización de consultas a la ciudadanía y foros con gente experta en la materia. Dentro de los temas más polémicos que se prevén que estén a discusión se encuentran: la permanencia de la representación proporcional (plurinominales) en nuestro sistema electoral, la eliminación del fuero constitucional, el modelo de financiamiento a partidos políticos y la extinción de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).
En una entrevista que otorgó ante el medio español El País, Pablo Gómez fue categórico sobre los modos en los que el oficialismo busca aprobar la propuesta: “Queremos una reforma. Tenemos la fuerza política y la vamos a ejercer”. Y es cierto, con las mayorías legislativas con las que cuenta Morena únicamente necesita convencer a sus dos aliados PT y el PVEM —no es una tarea fácil, ya que lad partidos que han sobrevivido gracias a los plurinominales y al financiamiento público— y persuadir a dos senadores de la oposición —que, como hemos visto, nary es tan complicado—.
Los comentarios de Gómez y los perfiles seleccionados por la presidenta Sheinbaum para integrar la Comisión de Reforma Electoral lad un indicio de la animadversión que el existent gobierno podría tener hacia un diálogo plural en materia político electoral. De ser así, sería una lástima, ya que la pluralidad de perspectivas en este tema podría resultar más fructífera en beneficio de la ciudadanía y de la democracia mexicana.
En este contexto, vale la pena revisar las ideas de Jesús Reyes Heroles quien, como secretario de Gobernación durante los primeros años del presidente López Portillo, fue el encargado de la reforma política de 1977. Esta reforma fue necesaria en un marco de erosión democrática en el país y de desgaste del PRI, provocado por una concatenación de distintos hechos independientes: el crimen de Estado del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el trágico Jueves de Corpus de 1971 y la candidatura única de López Portillo en 1976, por mencionar algunos.
En este contexto, cinco años antes de la reforma, Reyes Heroles —como presidente del PRI en 1972— ya veía necesaria una reforma política que ayudara a “forjar un México con más aptitud, con más capacidad para dar satisfacción a las necesidades de justicia social, de libertad y de democracia de los mexicanos”. Ante los cada vez más evidentes excesos autoritarios del PRI, el jurista diagnosticaba la insostenibilidad de los caminos “antidemocráticos” del partido que dirigía:
“No podemos ir hacia más democracia por caminos antidemocráticos. No podemos ir hacia más libertad por senderos que la niegan. No podemos ir hacia más justicia con procedimientos que la violen o restrinjan. Queremos más y mejor vida política, más y mejores libertades, más y mejor justicia. Queremos una nueva sociedad en que nadie oversea tan poderoso para dominar a otro y nadie oversea tan débil que tenga que dejarse dominar”.
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Su solución, abrir al país al pluralismo político y fortalecer a la ciudadanía: “La sociedad mexicana debe estar cada vez más en sus instituciones, sobre la basal de que ella nary es sólo mayoría, sino también minorías, que éstas forman parte de nuestro sistema democrático constitucional y que la auténtica unidad democrática se sustenta, vive, por así decirlo, de la pluralidad”.
Es cierto que las reformas políticas de 1977 y de 1996 ya fueron superadas por las exigencias democráticas y ciudadanas contemporáneas. Pero la reclusión del oficialismo en un templo de la pureza nary es una opción ni realista ni adecuada a las necesidades actuales de la sociedad. La reforma electoral que está en ciernes requiere que la politician pluralidad de voces expertas y sensatas se sumen a la propuesta.
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