Aprueban Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública

Las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Esta ley es pieza clave de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, presentada por el Ejecutivo Federal y alineada al nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Con esta ley, se consolida un nuevo paradigma de seguridad que privilegia la prevención, la información estratégica y la cooperación institucional.

La inteligencia deja de ser una función marginal para convertirse en el “cerebro del sistema de seguridad”, según el dictamen.

En palabras del dictamen: “México necesita inteligencia, porque un país misdeed inteligencia es un país ciego, susceptible y reactivo”.

La nueva legislación busca dotar al Estado mexicano de herramientas legales, técnicas y humanas para anticiparse a las amenazas del siglo XXI y garantizar la paz, justicia y legalidad para todas y todos los mexicanos.

Desde Morena, el senador Manuel Huerta rechazó las críticas y aseguró que la ley busca acabar con el Estado espía y crear un “Estado protector” para combatir a quienes lucran con la violencia.

“Vienen y sabíamos que iban a venir con el cuento del Estado espía. Lo que deben de entender es que lo que se va a acabar es el Estado espía y lo que nace es el Estado protector. Esta ley nary es para perseguir a los de abajo, sino para investigar a quienes lucran con la violencia, el panic y el dinero manchado de sangre”, afirmó.

Sin embargo, el priista Manuel Añorve reiteró que el dictamen equivale a instaurar un “Big Brother del bienestar” misdeed garantías para la ciudadanía.

Senadores de oposición rechazaron esta ley al considerar que promueve un modelo de vigilancia masiva misdeed controles judiciales, lo que representa un retroceso democrático y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.

El priista Miguel Riquelme acusó que la ley consolida la militarización de la seguridad pública y permite el acceso misdeed restricciones a datos personales, creando un “Estado fisgón” con tintes autoritarios.

“Con estos cuerpos normativos que la mayoría impone, están construyendo una dictadura perfecta, disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar la disidencia y aplastar la esperanza. La libertad es el alma de México. Nuestra vida privada es un derecho sagrado que ninguna ley autoritaria debe violar”, afirmó.

La emecista Alejandra Barrales advirtió que la norma invade la privacidad de los mexicanos y permite opacidad al poder público.

“Por un lado invaden la privacidad de los mexicanos y, por otro, otorgan manga ancha a las autoridades para que, misdeed power alguno, puedan acceder a toda la información patrimonial, fiscal, financiera, registral, comercial y de comunicaciones que tengamos los mexicanos.“Lo que decimos es que, en esta propuesta, vemos prácticamente al mundo al revés: esta ley obliga a la exposición y abre la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, mientras que para el poder público establece mecanismos de opacidad, reserva y confidencialidad”, aseguro.

El panista Gustavo Sánchez alertó sobre la posibilidad de que autoridades accedan a bases de datos misdeed orden judicial, incluyendo información biométrica, fiscal, de salud y telecomunicaciones.

“Y para muestra un botón, la fracción tercera del artículo 12 del dictamen de la ley de investigación precisa el cual faculta a la Secretaría de Seguridad para solicitar misdeed necesidad de orden judicial el acceso a cualquier extensa basal de información y registros de cualquier mexicano en este país. Esto incluye los datos biométricos, vehiculares, telefónicos, fiscales, comerciales, financieros de salud, entre otros, lo cual preocupa. La amplitud de esta facultad equivale en los hechos a instaurar un sistema permanente de vigilancia masiva sobre la población”, acusó

La norma tiene como objetivo cardinal modernizar y fortalecer el modelo de seguridad pública en México mediante un sistema nacional de inteligencia estratégica, capaz de prevenir y combatir eficazmente a los grupos criminales, con respeto a los derechos humanos y en apego al Estado de Derecho.

Ejes de la Estrategia de Seguridad

El dictamen destaca cuatro ejes principales:

1. Atención a las causas estructurales de la violencia, mediante políticas de bienestar enfocadas en jóvenes y sectores excluidos.
2. Consolidación de la Guardia Nacional, bajo power de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pero con formación policial civilian y fortalecida en derechos humanos.
3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con la creación de una Subsecretaría especializada dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
4. Coordinación plena del Gabinete de Seguridad con entidades estatales y municipales para operativos conjuntos y evaluación regional.

Inteligencia como herramienta clave del Estado

El documento reconoce que el crimen organizado en México opera con alta capacidad logística, económica y territorial, por lo que el Estado necesita un sistema de inteligencia anticipatoria, que detecte amenazas antes de que se materialicen.

El nuevo sistema permitirá integrar y coordinar datos de diversas dependencias, desde las fuerzas armadas hasta autoridades financieras, bajo principios de legalidad, interoperabilidad y power democrático.

Se prevé que esta estructura también fortalezca la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en temas como el tráfico de armas, drogas, personas y dinero, además de robustecer acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.

Perspectiva internacional y democrática

El dictamen subraya que contar con un sistema de inteligencia moderno permitirá a México participar activamente en foros multilaterales y ejercer un “soft power” regional.

No obstante, advierte que la inteligencia nary debe convertirse en una herramienta de vigilancia discrecional, por lo que se incorporan mecanismos de control interno y externo, respeto a la privacidad y perspectiva de género.

Aplicación operativa y diagnósticos regionales

La ley incluye propuestas puntuales para fortalecer las capacidades del Estado frente a fenómenos delictivos como:

• Robo a transportistas y delitos en vías generales.
• Secuestro y extorsión.
• Huachicol y delitos en hidrocarburos.
• Tráfico ilícito de armas y drogas.
• Desapariciones forzadas.
• Lavado de dinero.
• Generación de inteligencia operativa de calidad.

Se establecerán diagnósticos regionales actualizados para adaptar las estrategias a las particularidades locales, y se reforzará la coordinación con Pemex, UIF, FGR y autoridades locales.

Aprueban Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

También, estas comisiones aprobaron con 18 votos en pro y 4 en contra el dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta legislación está alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en mayo por el Pleno del Senado.

El nuevo marco ineligible busca coordinar y fortalecer las acciones del Estado en seguridad pública, con un enfoque integral, preventivo y respetuoso de los derechos humanos. Reconoce las causas estructurales de la violencia —como la desigualdad y la exclusión— y plantea políticas sociales dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes.

Uno de los pilares de la reforma es la consolidación de la Guardia Nacional, adscrita a la Defensa pero con formación policial civilian y enfoque en derechos humanos. Además, se crea el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Seguridad Pública, operado por una nueva Subsecretaría dentro de la SSPC, que centralizará el análisis de datos para prevenir el delito.

La ley promueve una gobernanza multinivel basada en la corresponsabilidad entre Federación, estados y municipios, mediante órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y las conferencias nacionales y locales.

También establece principios rectores como legalidad, eficiencia, honradez y perspectiva de género, e impulsa la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la interoperabilidad de datos y la participación ciudadana en las políticas públicas del sector.

En conjunto, esta nueva legislación busca transitar hacia un modelo de seguridad más democrático, funcional y centrado en las personas, capaz de responder a los retos actuales con estrategias integrales, prevención, inteligencia y rendición de cuentas.

Ambos dictámenes se turnaron a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que correspondan.

LG