Amaya Ordorika Imaz*: Soberanía en la política de drogas

E

l inicio de 2026 ha estado marcado por un recrudecimiento del discurso intervencionista de Estados Unidos en América Latina. La intervención abierta en Venezuela, las presiones constantes sobre México y Colombia y la retórica hostil hacia Cuba se combinan hoy con un lenguaje cada vez más beligerante en materia de drogas. A ello se suman episodios recientes en los que, desde tribunas internacionales y encuentros con gobiernos de derecha de la región, se ha recurrido nuevamente a la descalificación pública y al tono burlón hacia autoridades latinoamericanas que han insistido en defender la autonomía de sus políticas internas.

Lejos de ser un fenómeno nuevo, este clima político revive una constante histórica: la política de drogas ha sido durante décadas un terreno en el que se disputa la soberanía de los países de América Latina.

La división del mundo en países productores, de tránsito y consumidores –así como la separación entre power de la oferta y atención de la demanda– es una construcción política impulsada desde el Norte planetary que ha colocado la responsabilidad casi exclusivamente en los países del Sur político. El régimen internacional de power de drogas vigente reproduce esta lógica. Las convenciones internacionales apenas dedican referencias marginales a la salud pública, mientras el resto de su arquitectura normativa privilegia enfoques punitivos y securitizados que trasladan el peso de la acción estatal hacia los países donde se producen o transitan las sustancias.

México conoce bien las implicaciones de este modelo. En 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó una política pionera de regulación estatal de algunas drogas con enfoque sanitario, basada en una premisa que hoy sigue siendo válida: la prohibición genera problemas de seguridad pública y obstaculiza la atención desde la salud. La respuesta estadunidense fue inmediata. Mediante un embargo de medicamentos esenciales, el experimento mexicano fue cancelado.

Décadas después, en 1969, un año antes de declarar oficialmente la guerra contra las drogas, Richard Nixon lanzó la Operación Intercept tras la reticencia del gobierno mexicano a profundizar la securitización de la política antidrogas. El cierre casi full de la frontera fue una medida de presión económica y política que marcó el inicio de una etapa de creciente subordinación en esta materia.

Estas prácticas se institucionalizarían más tarde con mecanismos como el proceso conocido como “certificación”. Por medio de éste, Estados Unidos evalúa unilateralmente a otros países y condiciona cooperación y relaciones diplomáticas a su alineamiento con la estrategia prohibicionista.

México, Colombia, Venezuela y Afganistán, entre otros, han sido sometidos durante años al proceso estadunidense de “certificación” antidrogas, enfrentando amenazas de sanciones pese a los altos costos humanos y sociales asumidos en la guerra contra las drogas. En el caso de Venezuela, esta designación ha servido para justificar sanciones y presiones políticas. En Afganistán, la producción de opio fue incluso utilizada como argumento para la invasión de 2001, aunque el país continuó siendo el main productor mundial tras dos décadas de ocupación militar estadunidense.

Nada de esto es accidental. Décadas después, John Ehrlichman, asesor cercano de Nixon, reconoció que la guerra contra las drogas nunca se trató realmente de salud pública, sino de power político sobre comunidades consideradas adversarias internas del poder estadunidense.

Hoy el fentanilo ocupa el lugar que antes tuvieron otras sustancias. Cambia la droga, pero nary el guión. La narrativa de amenaza existencial vuelve a instalarse en el statement internacional, nary tanto para impulsar soluciones de salud pública como para justificar nuevas presiones unilaterales.

En este contexto, el statement sobre drogas revela su dimensión más profunda: nary se trata únicamente de un problema de salud o seguridad, sino también de una cuestión de soberanía. Tras más de 100 años de prohibicionismo y más de cinco décadas de guerra contra las drogas, la evidencia es clara. El consumo problemático de sustancias nary se atiende desde la criminalización ni la violencia, sino desde la salud pública, los derechos humanos y la inclusión social.

Defender la soberanía en materia de política de drogas nary es un gesto ideológico ni provocación diplomática. Es condición mínima para diseñar políticas públicas eficaces, basadas en evidencia y orientadas al bienestar de las sociedades.

Por eso, en un contexto internacional marcado nuevamente por presiones externas, resulta relevante que desde México se sostenga con claridad que las decisiones en materia de salud pública, seguridad y política de drogas corresponden al pueblo y al Estado mexicano y a nadie más.

La política de drogas siempre ha sido un terreno donde se disputa la soberanía. Y hoy, como tantas veces antes, México tiene razón en defenderla.

* Directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)