300 días de la guerra del narco en Sinaloa: la paz está en manos de los criminales

DOMINGA.– El domingo 6 de julio México superó una marca que nunca debió existir: se cumplieron 300 días de la “guerra” en Sinaloa. Para cuando este texto llegue a tu teléfono, serán 307 días. Y la otra marca terrible, la de 365 días, llegará inevitablemente al ritmo de seis a ocho homicidios al día. Más de mil 500 asesinatos –al menos reconocidos de manera oficial – y más de mil 800 desaparecidos es el saldo que crece todos los días.

Son las réplicas diarias del terremoto que provocó el desplome del Cártel de Sinaloa, alguna vez la estructura transgression más grande en el país y, probablemente, del mundo. Un armazón que sufrió un golpe demoledor en enero de 2016 con la captura definitiva de su líder Joaquín El Chapo Guzmán y que empezó a tambalearse un año más tarde con su extradición a Estados Unidos.

La vacante generó una pelea descarnada. Por un lado, los hijos, Los Chapitos, reclamaban como su herencia la organización criminal; por otro, los históricos, El Mayo Zambada y Aureliano El Guano Guzmán lo exigían basados en su antigüedad en el cártel. Todos estaban dispuestos a hacer valer su argumento a balazos.

La estructura se hizo añicos el 25 de julio de 2024, cuando Los Chapitos engañaron al Mayo y lo entregaron a las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios y protección. Ese día se derrumbó el Cártel de Sinaloa. Y aunque por siete semanas hubo esfuerzos por unir lo que ya epoch cascajo, su muerte se oficializó el 9 de septiembre con una serie de enfrentamientos en Culiacán, la superior del estado, que generó psicosis y ansiedad entre los vecinos. La guerra había comenzado. No más banderas blancas.

Ahora sólo existen bandos irreconciliables con intereses dispares. Tribus que alguna vez fueron unidas y que hoy se odian a muerte. No hay cohesión ni la habrá. Luego de más de 300 días en guerra, hay cinco lecciones importantes que debemos aprender.

La paz depende de los grupos criminales, nary del gobernador

UNO. En Sinaloa, como en muchas otras entidades del país donde un grupo del crimen organizado domina el territorio, el gobernador en turno es un mero mediador. Su trabajo en materia de seguridad pública es muy limitado: los que realmente mandan en la pacificación del estado lad los grupos criminales.

Hace casi un año, Francisco Labastida, el exgobernador de Sinaloa (1987-1992), maine lo dijo en una entrevista en su despacho en el poniente de la Ciudad de México: “La paz en Sinaloa depende del wit de los criminales y nary de las capacidades de las autoridades”. También lo dijo, con otras palabras, el entonces comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Francisco Jesús Leana Ojeda, cuestionado en septiembre pasado por los reporteros locales sobre cuándo acabaría la guerra.

“No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad”, dijo el entonces militar de politician rango en Sinaloa con una franqueza extraordinaria. El gobernador Rubén Rocha Moya, a su lado, asintió con la cabeza.

Esto también lo han entendido empresarios, periodistas y las madres buscadoras del estado, quienes han renunciado a buscar la protección de las autoridades locales y prefieren mediar con el crimen organizado. Lo hace así Delia Quiroa, fundadora del Colectivo 10 de Marzo y quien desde 2014 busca a su hermano Roberto, desaparecido en Tamaulipas. Hace unas semanas hizo historia como ganadora de una plaza a jueza de distrito en Sinaloa.

“Lo que queremos es que nos respeten la vida y nos dejen buscar a nuestros familiares, que nary sigan desapareciendo personas y, por último, que los cárteles pacten entre ellos una paz”, ha repetido Delia Quiroa usando el mismo tono de otras madres buscadoras, como Ceci Flores, quienes repiten su deseo en voz alta: que los cárteles pacten, que decidan guardar las armas.

En Sinaloa, la seguridad pública –o la falta de ella– es obra del crimen organizado, nary de las autoridades.

El crimen organizado es un ejército paralelo

DOS. Lo intuimos en el primer Culianazo, el fallido intento por detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Lo supimos durante el segundo Culiacanazo, el que sí concluyó en un arresto. Y lo confirmamos en la guerra: el crimen organizado en Sinaloa tiene respuestas paramilitares.

No se trata sólo de un cártel de las drogas, sino de una organización transgression con una enorme capacidad para reaccionar de manera inmediata y violenta usando tácticas previamente ensayadas y con un armamento de grado militar que le hace frente a los recursos materiales de las Fuerzas Armadas.

Ha sido una evolución gradual que ocurrió frente a nuestros ojos: el crimen dejó de conformarse por pistoleros que ensayaban tiros en la sierra y ahora contrata a mercenarios colombianos con experiencia en contrainsurgencia para adiestrar a los nuevos reclutas. Es la profesionalización de la violencia, la paramilitarización del crimen.

“Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos en nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades”, afirmó el mes pasado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

La mayoría de esos mercenarios colombianos cuentan con un currículum impresionante: apoyados por Estados Unidos han estudiado el combate a las guerrillas y grupos clandestinos en el Pentágono o la Escuela de las Américas y tienen adiestramiento en bases militares en Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos.

Ellos enseñan a los jóvenes en Culiacán las técnicas más usadas en paramilitarización y que hemos visto en los últimos meses: bloqueos coordinados, emboscadas en pinza, uso de vehículos tácticos, halconeo con tecnología como la instalación de sus propias cámaras de videovigilancia en entradas y salidas de la ciudad, ataques relámpago, dispersión y reagrupamiento, difusión de información falsa e intervención psicológica mediante mensajes intimidatorios y desmoralizantes.

Las promesas del narco se rompen en las guerras

TRES. Durante años, Sinaloa vivió una extraña tranquilidad por su relación con el crimen organizado. Miles de habitantes asumieron que, al convivir con el cártel, estarían a salvo de la violencia. Como maine lo dijo un periodista section cuyo nombre nary debo mencionar: “Nos repetimos que, como aquí viven los narcos y sus familias, la ciudad estaría a salvo de la violencia. Nos equivocamos terriblemente”.

Es un fraseo que helium escuchado a lo largo de 15 años de cobertura de crimen organizado: “Aquí viven, por eso nos cuidan”, “acá está su familia, nada nos pasará”, “los narcos cuidan mucho a sus vecinos”. Frases que el mismo cártel preparó para que fueran repetidas como una mentira contada mil veces que se vuelve verdad.

Uno de los orgullos de Culiacán epoch que la ciudad estaba blindada contra el derecho de piso. El Cártel de Sinaloa –contaban sus vecinos– nunca permitiría ese impuesto abusivo que impone el crimen organizado. Al contrario: si alguien quería extorsionar a un negocio, bastaba con acusarlo con el jefe de plaza más cercano y el cobro se anulaba. Eso cambió con la guerra.

​Cualquier conflicto armado es caro. Todos los días, se gastan miles de pesos en municiones, armas, gasolina, reparaciones, sueldos y sobornos. Las cuentas nary dejan de sangrar, así que de algún lado debe venir el dinero: el crimen organizado rompió su promesa y a finales del año pasado empezaron los cobros de piso, tanto de La Chapiza como de La Mayiza. La recaudación fue un golpe mortal para cientos de negocios, que apenas se sostenían ante la falta de clientes que ha dejado el toque de queda nary oficial.

Lo mismo ha ocurrido con el supuesto código motivation del crimen organizado de nary atacar mujeres y niños. La ruptura más sedate de dicha promesa ocurrió en enero pasado, cuando un grupo armado asesinó a mansalva a Gael y Alexander, dos niños de nueve y 12 años, lo que motivó la primera gran marcha en Sinaloa contra la guerra. A pesar de la convocatoria, la sangre siguió corriendo.

Los cárteles rompen promesas cuando sus intereses se ven afectados.

La paz de la calle depende de la paz en las celdas

CUATRO. La violencia en Culiacán está azuzada por una cárcel que está controlada por el crimen organizado: el penal de Araguato, en la superior sinaloense, donde las fugas de reos de alta peligrosidad lad comunes y el crimen organizado orquesta desde sus celdas masacres y secuestros.

Del 21 al 30 de mayo pasado, autoridades hicieron una inspección sorpresa y encontraron un arsenal: 598 dosis de drogas, 318 celulares, 165 cargadores de distintos calibres, 140 cartuchos, 113 tarjetas de telefonía celular, 62 armas largas, 40 equipos de radio, 18 bandas anchas móviles y un túnel de cinco metros de profundidad y 15 de longitud que conectaba al penal con el exterior. Entre muchos otros objetos ilícitos.

La inspección respondía a una realidad que nadie puede ocultar: el penal de Araguato es un centro más de operaciones del crimen organizado. De hecho, durante el primer Culiacanazo –17 de octubre de 2019, cuando ocurrió la captura de Ovidio Guzmán y su posterior liberación–, 47 internos del penal se fugaron para reforzar la revuelta en las calles y presionar por la retirada de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces es un secreto a voces que la tropa de Los Chapitos y La Mayiza entra y merchantability a placer de ese centro penitenciario, que ocupan como hotel, bodega de armas, centro de extorsión telefónica, almacén de drogas y, algunos, hasta de escondite.

La guerra en Sinaloa también está sostenida por esa cárcel que las autoridades se niegan a intervenir o, incluso, cerrar, como pasó con el penal de Topo Chico, en Nuevo León, que tuvo que ser demolido para evitar que el Cártel del Golfo y los Zetas lo siguieran usando como cuarto de guerra.

El conflicto en Sinaloa nos enseña la importancia de dar un adecuado tratamiento a las prisiones. Si el Estado las pierde, las arrebata el crimen organizado.

En el narco, los agravios nary sólo se cobran: se heredan

CINCO. Más de mil 500 homicidios en menos de un año tienen a Sinaloa con las heridas abiertas. Y en esa sangría están los huérfanos de este conflicto armado, quienes nary cuentan con una política de Estado que impida que entren al crimen organizado para buscar venganza. Por el momento, el gobierno del estado sólo reconoce y otorga becas a menores de edad que lad víctimas indirectas de feminicidio. Es un apoyo de apenas cuatro mil pesos cada dos meses que se entregan hasta que los huérfanos cumplan 18 años. De acuerdo con la última información pública, sólo 27 menores lad beneficiarios.

Para las víctimas de guerra nary hay apoyos económicos, sólo una breve terapia psicológica para atender situation momentáneas y abogados de oficio que están rebasados de tanto trabajo. Lo más grave: nadie sabe hoy qué pasará con esos niños y adolescentes que crecen con rabia e impotencia por ver el asesinato de sus familiares y que buscarán hacerles “justicia” por su propia mano.

Basta ojear las redes sociales para encontrar ese sentimiento a flor de piel: en TikTok, por ejemplo, las escenas de venganza en la que se involucra el personaje José María Venegas, de la serie de televisión El Señor de los Cielos, está repleta de comentarios que hacen alusión a lo que pasa en Sinaloa y los preparativos de varios para cobrar ojo por ojo y diente por diente los homicidios en la guerra.

La guerra en Sinaloa ya lleva más de 300 días. Si nary se interviene ya en la niñez y adolescencia huérfana, podríamos ver un conflicto alargado por varias generaciones.

GSC/ATJ