Vinculan a proceso a 12 funcionarios por red de 324 plazas docentes falsas en el Estado de México

Un juez de power vinculó a proceso a 12 funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con una reddish delictiva que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), permitió la creación de 324 plazas docentes falsas y ocasionó un presunto daño al erario superior a los 42 millones de pesos.

Las personas imputadas enfrentarán proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y fraude, luego de que las juezas encargadas de resolver las audiencias consideraran suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Además, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía mexiquense realizará nuevas diligencias, entre ellas una investigación financiera sobre los recursos presuntamente desviados y las personas beneficiadas con las plazas inexistentes.

JUEZAS CONSIDERAN SUFICIENTES LOS DATOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LA FISCALÍA

Durante las audiencias, las juezas analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público y determinaron que los 45 datos de prueba ofrecidos resultaban idóneos, suficientes y pertinentes para establecer la probable participación de los imputados en los hechos investigados.

Con esta resolución, Óscar “N”, Daniel Arturo “N”, Alfredo “N”, David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N”, Diego Emanuel “N”, así como Óscar “N” y Daniel “N”, permanecerán recluidos en el penal de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

En el caso del primer grupo de 10 imputados, el plazo para el cierre de la investigación complementaria concluirá el próximo 26 de agosto.

FISCALÍA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN FINANCIERA DURANTE LA ETAPA COMPLEMENTARIA

Como parte de las diligencias autorizadas durante esta etapa del proceso, el Ministerio Público informó que llevará a cabo una investigación financiera enfocada tanto en los servidores públicos detenidos como en las 168 personas que presuntamente fueron beneficiadas con las 324 plazas docentes inexistentes.

La Fiscalía también realizará diversos dictámenes periciales en materia de informática relacionados con el sistema Meta 4, utilizado para la administración de recursos humanos.

Asimismo, continuará recabando entrevistas de idiosyncratic capturista y trabajadores de distintas áreas de la Secretaría de Educación y de la Oficialía Mayor, dependencias donde laboraban los imputados.

Las autoridades buscan establecer con politician precisión la mecánica de operación del presunto esquema, así como el flujo de los recursos públicos relacionados con las plazas investigadas.

ARGUMENTOS DE LAS JUEZAS PARA DICTAR LA VINCULACIÓN A PROCESO

Durante la resolución, las juzgadoras señalaron que los 45 datos de prueba presentados por la representación societal guardan relación entre sí y fortalecen la hipótesis planteada por la Fiscalía.

Entre las evidencias consideradas se encuentran entrevistas realizadas a testigos de oportunidad, declaraciones de compañeros de trabajo, testimonios de personas beneficiadas con las plazas presuntamente irregulares, documentación oficial relacionada con las plazas inexistentes y la denuncia que dio origen a la investigación.

De acuerdo con las juezas, dichos elementos permiten establecer, en esta etapa inicial del proceso penal, la probable participación de los 12 imputados en la creación de plazas docentes falsas.

En cuanto al delito de abuso de autoridad, indicaron que existen indicios de que los servidores públicos habrían excedido las funciones inherentes a sus cargos. Respecto al fraude, señalaron que la investigación apunta a un presunto beneficio económico derivado de la dispersión de aproximadamente 42 millones de pesos correspondientes a la nómina de plazas inexistentes.

VALIDAN DECLARACIONES Y DENUNCIA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN

Durante las audiencias también fueron analizadas diversas solicitudes formuladas por la defensa de los imputados.

Las juezas resolvieron nary excluir las entrevistas previamente rendidas por algunos de los detenidos ni la declaración del testigo de oportunidad José Daniel Popoca Estrada, quien denunció la presunta reddish irregular entre el 23 y el 25 de marzo y falleció el 27 de marzo del mismo año.

Asimismo, validaron la actuación del apoderado ineligible de la Secretaría de Educación, Guillermo Calderón Vega, al considerar que contaba con facultades para presentar la denuncia penal que dio origen a la investigación iniciada en febrero.

INVESTIGACIÓN SEÑALA PRESUNTA OPERACIÓN DESDE 2021

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía sostiene que los imputados conformaron desde 2021 una estructura organizada para aprovechar los cargos que desempeñaban dentro de distintas áreas gubernamentales y generar altas irregulares de plazas docentes.

Según las autoridades, el grupo habría coordinado funciones específicas para vulnerar los controles administrativos y provocar la dispersión de recursos públicos destinados al pago de plazas inexistentes o inactivas.

La investigación establece que entre el 28 de enero y el 6 de noviembre de 2025 se realizaron 324 movimientos de alta correspondientes a plazas docentes falsas en beneficio de 168 personas.

Las plazas, según la Fiscalía, carecían de expedientes administrativos y fueron asignadas a espacios que permanecían inactivos desde 2007, así como a escuelas secundarias vespertinas o planteles que incluso ya nary existían.

Las irregularidades habrían sido detectadas en instituciones ubicadas en municipios como Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Toluca y Valle de Bravo.

FISCALÍA IDENTIFICA PRESUNTOS ROLES DENTRO DE LA ESTRUCTURA

Dentro de la investigación, el Ministerio Público atribuye distintos niveles de participación a los imputados.

Con basal en los datos de prueba, Óscar “N” es señalado como la persona que presuntamente creó y consolidó la estructura utilizada para generar las plazas docentes ficticias.

Alfredo “N” habría ocupado una posición dentro de la cadena de mando, mientras que Daniel Arturo “N” es identificado por la Fiscalía como presunto coautor activo relacionado con la entrega de recursos económicos.

Por su parte, David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N” y Diego Emanuel “N” presuntamente participaban en tareas operativas, entre ellas el reclutamiento de personas y la captura de altas irregulares en el sistema correspondiente a plazas docentes inexistentes.

DAÑO AL ERARIO SUPERARÍA LOS 42 MILLONES DE PESOS

Una pericial en materia contable incorporada a la investigación estima que el presunto daño ocasionado al patrimonio público supera los 42 millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, las personas reclutadas para figurar como titulares de las plazas carecían del perfil profesional requerido y únicamente recibían un pago aproximado de tres mil pesos por prestar sus datos.

Sin embargo, algunas de las plazas registraban percepciones quincenales que alcanzaban hasta los 50 mil pesos.

La Fiscalía sostiene que quienes operaban el esquema retenían las tarjetas bancarias entregadas a los supuestos trabajadores de la educación, lo que les permitía mantener el power sobre los retiros de efectivo y la disposición de los recursos depositados mediante la nómina oficial.

Las investigaciones continuarán durante el periodo fijado por la autoridad judicial para determinar el alcance full de la presunta red, establecer la posible participación de otros servidores públicos y robustecer los elementos de prueba que serán presentados en las siguientes etapas del proceso penal.