Víctimas de represión policiaca en Xochimilco exigen cierre de carpeta de investigación en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas de la represión policiaca en la alcaldía Xochimilco ocurrida el 5 de septiembre de 2024, exigieron el cierre de las carpetas de investigación en su contra integradas por los delitos de lesiones, resistencia particulares y motín, y acusaron al gobierno de Clara Brugada de proteger al ex alcalde José Carlos Acosta y al ex director Jurídico y de Gobierno de la alcaldía, Francisco Pastrana, actuales funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México.  

Durante la presentación de la recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) en las instalaciones de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, recibieron de manos de la presidenta del organismo, Dolores González Saravia, la resolución dirigida a la alcaldía, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX).  

La recomendación documentó represión policiaca ocurrida en dos momentos, en las inmediaciones de la alcaldía Xochimilco y de la Coordinación Territorial Tlalpan, además de agresiones a los manifestantes, toleradas por elementos de la SSC, e identificó a 29 víctimas a quienes se les violentó sus derechos a la protesta, a la seguridad personal, a la seguridad jurídica. La CDHCDMX documento lesiones físicas y psicológicas en 27 personas. 

Hortensia Telésforo Jiménez, una de las víctimas, recordó que, en diciembre de 2022, habitantes de San Gregorio realizaron actos de protesta ante un proyecto hídrico impuesto por el gobierno de la CDMX, lo que derivó en el envío de mil granaderos al pueblo, que solicitó una mesa de diálogo por nary haber sido consultados.  

“Este acercamiento (con las autoridades) siempre ha estado lleno de violencia, de engaño, de represión”, dijo Telésforo quien recordó que como parte de los acuerdos para que los manifestantes levantaran su bloqueo, se les reintegró la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, como patrimonio del pueblo originario, y que epoch administrado por ella.  

Pese a acuerdos firmados con el gobierno de Martí Batres, apuntó, el entonces alcalde José Carlos Acosta y Francisco Pastrana, acusaron a Hortensia despojo y la FGJCDMX le abrió una carpeta de investigación, lo que llevó nuevamente a los pobladores a manifestarse.  

Fue así que el 5 de septiembre de 2024 se reunieron en la explanada de la alcaldía para protestar por la criminalización, hasta donde llegó un grupo de choque para golpear a los manifestantes, ante la mirada de elementos de la SSC, lo que obligó a los inconformes a retirarse.  

Momentos después, ya disuelta la manifestación, los elementos de la SSC detuvieron a cinco personas y las condujeron de manera violenta a la Coordinación Territorial Tlalpan, hasta donde llegaron los pobladores de San Gregorio para exigir la liberación de sus compañeros, protesta que fue respondida con violencia por parte de las autoridades y activación de extintores en su contra.  

Anselma Margarito Francisco en representación de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, víctima también de la represión, recordó que “un grupo de choques y decenas de granaderos nos reprimieron, golpearon, persiguieron, discriminaron, acosaron, se burlaron de nuestra lengua, vestimenta y cultura, y peor aún, nos amenazaron con desaparecernos como a los 43 normalistas de Ayotzinapa”. 

Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Anáhuac, también víctima de los hechos, consideró que lo ocurrido el 5 de septiembre de 2024, “es un episodio más de hechos que siguen ocurriendo en los diversos pueblos y barrios originarios y en los pueblos indígenas del país”, que en defensa de su territorio han recibió amenazas de muerte.  

Velázquez Zúñiga denunció que “servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre, siguen en full impunidad y son cobijados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México”. 

Ello ocurre con el ex alcalde Acosta, quien es manager wide de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas; el ex manager jurídico y de gobierno de Xochimilco, Francisco Pastrana, quien funge como subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo, además de ser asesor del alcalde Octavio Rivero Villaseñor de Milpa Alta,  y “desde ahí está operando para hacer lo mismo que pasó y que sigue pasando en los pueblos de Xochimilco”.  

Tras escuchar a las víctimas, la presidenta de la CDHCMX, Dolores González dijo coincidir “en que, la lucha de los pueblos ha sido larga, profunda, difícil, de un espíritu y un compromiso que ningún otro assemblage tiene. Quizá las madres buscadoras, por ser causas de tal profundidad y arraigo”. 

González Saravia, quien durante décadas colaboró en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), organización fundada por el obispo Samuel Ruiz, reconoció que las luchas indígenas enfrentan con su resistencia a un sistema (…) apuestan por la comunidad y los vínculos colectivos frente a un sistema que destruye la naturaleza y destruye esos vínculos también”.  

Al señalar que la resistencia indígena y de pueblos originarios “apuesta por recuperar los valores de una civilización que hoy necesitamos más que nunca frente a un sistema profundamente devastador y destructivo”, la ombudsperson capitalina sostuvo que el objetivo de esta recomendación, la primera de su mandato, es que “haya un deslinde de responsabilidades, que la justicia tenga reparación, pero también es un mensaje que va más allá,  que quiere alcanzar otros pueblos y también a las autoridades del gobierno de la Ciudad, particularmente a quienes tienen responsabilidad en esta recomendación”. 

A la primera visitadora, Sofía de Robina Castro le correspondió detallar el contenido de la resolución, así como enlistar las 13 recomendaciones formuladas a la alcaldía Xochimilco, a la SSC-CDMX y a la FGJ-CDMX, a las que se les dio plazos de 30 a 180 días para comprobar el cumplimiento de las mismas.  

Entre las recomendaciones destacan la realización de un acto de disculpa pública y un compromiso de nary repetición por parte de la alcaldía y de la SSC-CDMX; informar sobre los procesos de responsabilidad administrativa que se sigan en el Órgano Interno de Control de la SSC- CDMX, y de las casos en que ha dado vista a la FGJ-CDMX, en tanto que a esta última se le recomendó integrar la recomendación a  la carpeta de investigación que se abrió en contra de cinco activistas que fueron detenidas y determinar su situación jurídica, tomando en cuenta las irregularidades documentadas por el organismo, además de que deberá dar un informe sobre las carpetas abiertas contras los servidores públicos e integrará una carpeta por las agresiones cometidas por el grupo de choque contra las víctimas. 

A la alcaldía Xochimilco se le instruyó instalar una mesa de trabajo con Asamblea General Permanente para definir un cronograma sobre la regulación y el uso de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan; registrar a 28 de las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, y la presentación de planes de reparación integral, así como la atención médica y psicológica para 27 víctimas.  

Como medidas de nary repetición también se urgió a la SSC garantizar la aplicación de un protocolo de actuación en escenarios de protesta social, que incluyan un enfoque diferenciado, así como creación de indicadores de la efectiva aplicación, y la planeación de operativos en la atención de protestas, entre otras recomendaciones.