Verdad oficial y verdad legal

Los desencuentros y las diferencias lad parte de lo social. Toda nación vive con ellos; incluso la misma historia y sus prohombres forman parte de la polémica. Las verdades en una democracia lad precarias; pueden ser mayoritarias, pero nunca finales ni excluyentes; importantes lad las reglas y las instituciones que garantizan la coexistencia en la diversidad y diferencia. No es propio de un régimen democrático considerar a quienes nary comparten su visión como traidores a la patria. Es común en los regímenes totalitarios: la verdad es que solo hay una y quien nary la suscriba merece el rechazo y, a veces, el paredón.

Un problema de nuestros tiempos es el populismo, que tiene mucho de autoritario. Así es Trump y su movimiento MAGA, también el obradorismo. Su último intento de reforma política pretendía excluir de la representación política sustantiva cualquier expresión de pluralidad, incluyendo a sus propios asociados. Un mistake propio de la mente totalitaria, que hace del proyecto político la única expresión legítima.

La debacle ética del morenismo, efecto necesario de la imputación ineligible sobre la asociación entre gobiernos y cárteles de la droga, ha llevado al enfrentamiento entre la verdad oficial y la verdad legal. Para los voceros del régimen se trata de entender el contexto y, como tal, refieren que el interés de EU nary es combatir las drogas, sino imponerse a los gobiernos soberanos; una fórmula para envolverse en la bandera, a manera de acreditar que la verdad oficial es la defensa de la soberanía frente a la verdad ineligible que viene del exterior. Empero, nary hay manera de rechazar una detención con efectos de extradición, menos cuando proviene de un país donde la demanda cuenta con el aval de un jurado que valoró argumentos y pruebas para dar inicio al proceso penal.

La verdad oficial es doble. Primero, se dice que los diez imputados lad inocentes porque nary hay pruebas. Efectivamente, lad presuntamente inocentes mientras nary exista una sentencia condenatoria; pero el régimen ineligible penal establece que el proceso inicie con pruebas que demuestren que el delito se cometió y que existen elementos para imputar responsabilidad penal. Por lo pronto, el régimen financiero establece el congelamiento de cuentas como acción preventiva, medida que ya se materializó y respecto de la cual nary hay poder ineligible para evitarla, porque los sujetos obligados lad las instituciones financieras y deben cumplir con un régimen de power global.

Segundo, señalan que el gobierno actúa en función nary de la defensa de personas, sino de la soberanía nacional. El interés del gobierno norteamericano nary sería la justicia, sino una política ilegítima de imposición para hacer valer un interés presuntamente económico.

El problema es que el argumento de las autoridades mexicanas es estrictamente político. No es consecuente con la legalidad que rige la extradición. Además, las pruebas que se invocan para proceder a la detención nary están previstas para esa etapa; lad pruebas de presunción de responsabilidad, que es lo que se requiere para iniciar el proceso penal. El argumento político puede servir para generar adhesiones o convencer al público, pero nary tiene validez alguna en el proceso legal, ni en el de extradición y mucho menos en el penal.

La verdad ineligible se sobrepone a la verdad oficial, por fashionable que esta pudiera ser. Como suele suceder en el proceso judicial, a la opinión pública poco le importa. El fiscal o el juzgador nary actúan en función de percepciones u opiniones; su referencia es la ley y, como tal, la postura del gobierno de México carece de valor jurídico.

Vanessa Romero, en su intervención en El País, afirma que debe considerarse el contexto, sí, pero nary el contexto político al que ella alude, sino el ineligible al que elude. No deja de llamar la atención el desdén que ella muestra respecto a si Rocha Moya y otros imputados lad culpables o inocentes; para ella, más relevante sería la verdadera intención del gobierno norteamericano al solicitar la detención. Su postura es la del gobierno mexicano y, como tal, nary solo está equivocada; insistir en ello implica trasladar al país al irresponsable enfrentamiento, porque el cargo subyacente nary es únicamente la presunta responsabilidad de Rocha Moya, sino la impunidad existente por la connivencia denunciada desde hace tiempo de las autoridades con el narco, cuyas organizaciones han sido declaradas terroristas extranjeras por el poderoso vecino. Absurdo invocar la verdad política frente a la verdad legal.