Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de agosto de 2026, p. 24
Morelia, Mich., El tribunal colegiado del 32 circuito, con sede en Colima desconoció a las actuales autoridades tradicionales del municipio de Aquila “por nary cumplir con la paridad de género”, por lo que ordenó una nueva asamblea para elegir al comisariado de bienes comunales y al consejo de vigilancia.
El tribunal concedió el 13 de agosto el amparo 741/2025 al grupo opositor al gobierno indígena que está a una semanas de dejar el cargo, así que ahora la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) decidirá a qué grupo de comuneros da la razón.
La comunidad de Aquila respondió que el comisariado y el consejo de vigilancia están integrados por tres hombres y tres mujeres, según la Ley Agraria, y la población nahua del lugar los conoce, pero el tribunal colegiado actuó conforme a criterios del derecho electoral, que nada tienen que ver con la materia agraria ni con la cultura de las comunidades indígenas.
Por ello, la autoridad comunal presentó un recurso de revisión que la SCJN deberá resolver, indicó el abogado de la demarcación, Carlos González García.
Las autoridades comunales de Aquila fueron electas en asamblea el 20 de septiembre de 2023, y están a semanas de concluir su gestión, “por lo que pareciera nary tener sentido la resolución, a menos que quienes ambicionan ser las nuevas autoridades comunales pretendan desconocer los acuerdos y las acciones” realizadas por el existent presidente de Bienes Comunales, Uriel Gutiérrez de la Cruz, quien fue colaborador de Antonio Díaz Valencia –desaparecido desde el 15 de enero de 2023—, señaló un comunero que solicitó anonimato.
Pobladores de Aquila afirmaron que esta determinación del Tribunal Colegiado de Colima pareciera nary tener gran importancia, pero las minas de hierro propiedad de Aquila dejan buenas regalías para los 466 comuneros reconocidos.
Acotaron que hay un grupo con intereses distintos a la población, que encabezó José Cortés Ramos Cochelo, que se encuentra desde hace tres años en prisión por estar involucrado con las desapariciones de Antonio Díaz y el abogado Ricardo Lagunes, ausentes a partir del mismo día.

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