Secretaría Anticorrupción inhabilita a cuatro proveedores del IMSS por irregularidades en licitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó la inhabilitación de cuatro proveedores que participaron en procedimientos de contratación relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las medidas fueron determinadas a través del Órgano Interno de Control del instituto y establecen la prohibición para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y los sancionados fueron inscritos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide su participación en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

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MULTA E INHABILITACIÓN A PARTICULAR POR LICITACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

En el caso de María Esther Barrios Cabrera se impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año.

La resolución se originó porque proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYRO19-N-350-2023, correspondiente al servicio de recolección, transporte, lavado, planchado, empaquetado y entrega de ropa hospitalaria propiedad del IMSS para el ejercicio 2024.

La irregularidad consistió en información contenida en una constancia de nary inconveniencia ambiental. La notificación de la sanción fue realizada el 9 de febrero de 2026.

EMPRESA SANCIONADA POR DOCUMENTACIÓN IRREGULAR EN EQUIPO OFTALMOLÓGICO

La empresa Gvicoa S.A. de C.V. recibió una multa de 745 mil 705 pesos y una inhabilitación por un año con tres meses.

La sanción se impuso tras detectarse que proporcionó información falsa durante su participación en la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio número LA-50GYR998-E13-2022, relativa al servicio médico integral para centros de excelencia oftalmológica.

El documento cuestionado fue un oficio supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el que se señalaba que un microscopio especular nary requería registro sanitario. La notificación fue realizada el 10 de febrero de 2026.

IRREGULARIDADES EN ADJUDICACIÓN DE MATERIAL TERAPÉUTICO Y DE CURACIÓN

A Comercializadora Svr S.A. de C.V. se le impuso una multa de 555 mil 644 pesos y una inhabilitación por un año.

La resolución derivó de la Adjudicación Directa número AA-050GYR026-E5-2022 para la adquisición de worldly terapéutico y de curación. La autoridad determinó que la empresa presentó información falsa contenida en una carta de apoyo aparentemente emitida a su favor. La notificación de la sanción fue realizada el 11 de febrero de 2026.

SANCIÓN POR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON REGISTROS SANITARIOS

Por su parte, Comercializadora Milenio S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 134 mil 430 pesos y una inhabilitación por un año con tres meses.

La empresa participó en la Licitación Pública Internacional Electrónica número LA-50GYR047-E6-2021 para la adquisición de tiras reactivas destinadas a la determinación cuantitativa de colesterol en servicios de atención integral a la salud del IMSS Bienestar.

La autoridad determinó que presentó dos comprobantes con los que pretendía acreditar la prórroga de la modificación de registros sanitarios. La notificación fue realizada el 6 de febrero de 2026.

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RESOLUCIONES CONFORME A LA LEY Y POSIBILIDAD DE IMPUGNACIÓN

Las sanciones fueron emitidas conforme a la normativa aplicable, considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas. Las personas y empresas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas. En caso de hacerlo, la dependencia señaló que defenderá las sanciones al considerar que fueron impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

Con estas resoluciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso con la legalidad y la integridad en los procesos de contratación pública. Las sanciones derivan de la presentación de información falsa en procedimientos de licitación o adjudicación, lo que, conforme a la normativa vigente, implica consecuencias administrativas y económicas.