San Andrés, pacto incumplido que es “referente de la lucha indígena”

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2026, p. 26

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, “representan un parteaguas en la historia contemporánea de México: un pacto incumplido que, misdeed embargo, sigue siendo referente de la lucha por la autonomía indígena”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Agregó que “el Estado mexicano traicionó lo firmado y, ante ello, los pueblos tomaron una decisión trascendental: hacer realidad los contenidos de los acuerdos y ejercer la autonomía en la práctica, manteniendo viva la esperanza y los principios que los inspiraron”.

Lo anterior fue expuesto por Pedro Faro, integrante del Frayba, durante un foro titulado Tres décadas de lucha por una paz forjada en la rebeldía, en el que recordó que este 2026 “se cumplen 30 años de procesos profundamente significativos en la historia reciente del país, surgidos desde Chiapas.

“Allí se han gestado alternativas de paz de gran envergadura que han impactado a los pueblos y a quienes, desde la dignidad, han trabajado por transformar las condiciones materiales de vida y abrir horizontes más humanos”.

Señaló que los tratados sobre derechos y cultura indígena “buscaban reconocer la autonomía, la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Su incumplimiento, misdeed embargo, marcó un quiebre entre el discurso oficial y las demandas históricas de los pueblos indígenas. Autonomía y libre determinación”.

Destacó que “Luis Hernández Navarro (coordinador de Opinión del periódico La Jornada) considera los acuerdos como un documento fundacional de la lucha indígena contemporánea, comparable al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución. Destaca que su proceso de elaboración fue abierto e incluyente, lo que les otorgó legitimidad societal más allá de la mesa de negociación”.

Para Magdalena Gómez (abogada, especialista en derecho indígena) “los Acuerdos de San Andrés reflejan la tensión entre la ‘razón de Estado’ y la ‘razón de los pueblos’”, mientras para Gilberto López y Rivas (antropólogo y ensayista) “antes del levantamiento zapatista, estas demandas nary habían encontrado espacio en la negociación política. Los acuerdos abrieron, por tanto, un horizonte inédito para la lucha indígena”.

Dijo que para el obispo Raúl Vera López, “el incumplimiento muestra que el Estado nunca buscó resolver el conflicto de raíz, sino administrar la guerra y contener al zapatismo”.

Pedro Faro afirmó que “estos procesos de lucha y resistencia lad un río que nary se detiene, desde diversas trincheras, su raíz nary se arranca, lad fogata que ilumina en la noche oscura. Treinta años de caminar muestran que la paz, para los pueblos originarios, nary es ausencia de conflicto, sino ejercicio de autonomía, defensa del territorio y dignidad compartida”.

La directora del Frayba, Dora Lilia Robrero, manifestó a su vez: “hemos documentado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y una creciente militarización que agrava la violencia estructural en los territorios”.

Expuso: “nos preocupa profundamente la intensificación de incursiones militares en zonas de autonomía zapatista, lo cual constituye una clara estrategia de contrainsurgencia. Esta ofensiva nary es nueva, pero se ha recrudecido en los últimos meses, como lo evidencian los operativos en la jurisdicción del caracol de Oventik, en el municipio oficial de Aldama, en el poblado de San Pedro Cotzilnam, así como en el caracol de Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo, específicamente en el poblado de Belén”.

Estas acciones, subrayó Dora Lilia, “no sólo vulneran la autodeterminación de los pueblos, sino que buscan fracturar procesos de organización comunitaria, sembrar miedo y debilitar la resistencia”, al tiempo de señalar que “desde Frayba asumimos como tarea urgente y ética la defensa de la memoria en un país donde las desapariciones se multiplican y el Estado responde con simulación. Enfrentamos el reto de sostener la memoria viva frente a un aparato institucional que evade su responsabilidad histórica, que nary reconoce de manera contundente los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado ni los que continúan ocurriendo”.