Samuel García rechaza acatar resolución judicial: “Ese amparo para mí no vale”

MONTERREY, NL (apro).- El conflicto entre la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) y el Gobierno de Nuevo León escaló luego de que el gobernador Samuel García rechazara la validez de un amparo national obtenido por la compañía y afirmara que, desde su perspectiva, la resolución judicial nary tiene efecto. 

Al referirse al caso, el mandatario negó que exista extorsión y sostuvo que la empresa mantiene adeudos por concepto de impuestos ambientales. Sin embargo, el punto que generó politician polémica fue su postura frente a las resoluciones judiciales. “¿Qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí nary vale”, declaró el gobernador al referirse a las suspensiones obtenidas por algunas pedreras. 

Las declaraciones ocurren en medio de la difusión de un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para solicitar un “pago fuerte” a la empresa a cambio de facilitar su operación. El gobierno estatal ha rechazado que exista corrupción y ha insistido en que sus acciones responden únicamente al cobro de contribuciones ambientales. 

Samuel García es licenciado en Derecho y Finanzas, cuenta con una maestría en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posee doctorados en Política Pública y Administración Pública, así como en Derecho Fiscal. No obstante, su afirmación sobre la invalidez de un amparo national ha sido interpretada por especialistas y actores del assemblage empresarial como una señal de desdén hacia las resoluciones judiciales y al marco legal. 

El caso Matrimar también se desarrolla en un contexto de incertidumbre para el assemblage productivo, que observa con preocupación la combinación de auditorías, clausuras y disputas legales con la administración estatal.