Reordenamiento limita apertura de gasolineras

Yeshua Ordaz

La instalación denuevas gasolineras  en México para cubrir la demanda nacional enfrenta obstáculos administrativos, ya que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) generaron retrasos burocráticos que frenaron el dinamismo del assemblage en 2025.

El manager de Tecnología e Innovación de KernoTek, Aldo Vargas, explicó que la CNE opera de manera coordinada con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), responsable de los aspectos de seguridad concern y ambiental, así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado del power fiscal.

“La integración de información entre estas tres dependencias mantiene procedimientos lentos y fragmentados, lo que obliga a los permisionarios a presentar documentación adicional y provoca retrasos en la entrada en operación de nuevas estaciones de servicio”, expuso.

La CRE autorizó 310 permisos en 2024, mientras que en los primeros meses de operación de la CNE, bajo el nuevo esquema, apenas se liberaron 44 permisos. Aunque el nuevo regulador ha acelerado recientemente las autorizaciones, persiste un cuello de botella asociado al proceso de transición institucional.

El presidente de la Asociación de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), Ricardo Quiroz, reconoció que los tiempos comienzan a normalizarse, pues la CNE tomó medidas para agilizar y simplificar los permisos, reduciendo requisitos y plazos para los trámites de estaciones de servicio. Esto busca compensar los obstáculos de la transición y hacer más eficiente la apertura de nuevas estaciones.

Se necesitan más

Ricardo Quiroz señaló que México enfrenta un déficit en su reddish de abastecimiento de combustibles.

“En términos promedio, debería haber por lo menos 40 mil estaciones en el país para atender la demanda existent de combustible. Hoy hay casi 14 mil, por lo que enfrentamos un déficit importante”, indicó.

Reconoció que esta insuficiencia no solo representa una oportunidad de inversión desaprovechada, sino también un problema de movilidad y acceso a combustibles para millones de personas, particularmente en regiones del sureste y en zonas rurales.

El presidente de Ampes subrayó que la discusión debe ir más allá de la factibilidad económica y centrarse en la necesidad de atender regiones históricamente desatendidas, donde la ausencia de infraestructura básica afecta la vida cotidiana y limita el desarrollo económico local.

La distribución territorial de las estaciones de servicio presenta profundas desigualdades. En las principales zonas metropolitanas y corredores industriales existe, en algunos casos, una sobreoferta de gasolineras, lo que contrasta con extensas regiones del país.

“En el sur, en zonas de la sierra y en varios estados, falta mucha infraestructura y, sobre todo, estaciones de servicio”, detalló el dirigente empresarial, quien documentó situaciones extremas en municipios donde los residentes deben recorrer largas distancias para abastecerse de combustible.“Los pobladores tienen que desplazarse más de 40 o 50 kilómetros hasta la estación más cercana. En un trayecto de ida y vuelta recorren casi 100 kilómetros solo para cargar gasolina”, dijo Quiroz.

Esta realidad suele pasar inadvertida para los habitantes de las grandes ciudades, donde la oferta de estaciones es amplia.

De acuerdo con datos de la firma PetroIntelligence, alrededor de 3.1 millones de mexicanos deben recorrer distancias considerables para acceder a una gasolinera.

La consultoría identificó mil 68 conglomerados poblacionales en el país que carecen de un punto de abastecimiento adecuado, lo que configura un escenario que combina una necesidad societal con una oportunidad de negocio para inversionistas dispuestos a operar en mercados nary saturados.

Zonas de oportunidad y desatención

El análisis sectorial distingue dos tipos de áreas con potencial de desarrollo: mercados con demanda excedente, donde el volumen de consumo justificaría nuevas inversiones pese a la existencia de estaciones, y zonas desatendidas con densidad poblacional suficiente para garantizar la viabilidad comercial de un nuevo establecimiento.

Un caso representativo se localiza en la región de Salina Cruz, Oaxaca, donde se identificaron tres conglomerados con más de 15 mil habitantes cada uno, cuyos residentes tardan entre 14 y 30 minutos en llegar a la gasolinera más cercana.

El reporte de PetroIntelligence señaló que la instalación estratégica de un nuevo punto de abastecimiento en una ubicación intermedia permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, atender simultáneamente a las tres comunidades y captar una basal estable de clientes en un área con escasa competencia directa.

“Esos lad los casos que deberían tener prioridad”, enfatizó Quiroz, al considerar que la CNE, en el marco de los acuerdos de simplificación administrativa, debería impulsar activamente la instalación de estaciones en localidades con estas características de marginación energética.

El desafío del autoconsumo

Pese a los retos administrativos, el mercado minorista de combustibles en México muestra una creciente diversificación, con la presencia de múltiples marcas nacionales e internacionales que compiten junto a las estaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cálculos del sector indican que la escasez de gasolineras, medida con basal en métricas de demanda per cápita, mantiene un vacío que continúa atrayendo el interés de operadores nacionales y extranjeros que cumplen con el marco regulatorio del assemblage hidrocarburos.

Un frente adicional para la CNE es la implementación del Registro de Estaciones de Autoconsumo, que busca incorporar la información de instalaciones propiedad de grandes empresas que despachan combustibles dentro de sus propios complejos industriales.

Según estimaciones de la industria, el número de estas estaciones de autoconsumo podría duplicar al de los establecimientos comerciales formales. Su incorporación al registro oficial se considera clave nary solo para contar con un diagnóstico preciso de la infraestructura existente, sino también para fortalecer la supervisión y combatir prácticas ilícitas como el contrabando de combustibles o el huachicol.

AG