Reforma electoral debe cumplir con estándares internacionales: BMA e instituciones juristas de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la nueva propuesta de reforma electoral propuesta por el gobierno federal, abogados de Estados Unidos y de México alertaron que la nueva reforma debe tener salvaguardas para defender la democracia en México y evitar que el gobierno controle el proceso de votación.  

En el reporte “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México”, los litigantes identificaron los estándares internacionales que deben regir para la próxima reforma electoral en México, algunos de ellos señalan lo siguiente:  

El artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) obliga a los Estados a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y establece la obligación de México de garantizar sistemas electorales efectivos.  

También la Carta Democrática Interamericana establece que los gobiernos de los Estados miembros, entre ellos México, tienen la obligación de promover y defender la democracia y agrega que la democracia representativa se “fortalece y profundiza” mediante la “participación permanente, ética y responsable” de la ciudadanía dentro de un marco jurídico alineado con el orden constitucional. 

Además, señalan en el reporte, que los estándares internacionales, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculan el diseño institucional democrático con el pluralismo político y la participación política significativa, que la comisión resalta, sirven para fortalecer la democracia y el pluralismo político e impiden la monopolización del poder político.  

En el reporte, los litigantes señalan siete recomendaciones que van dirigidas al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para la nueva reforma electoral:  

Establecer el principio de nary regresividad como el referente legislativo absoluto; preservar el sistema de representación proporcional y los límites a la sobrerrepresentación; así como garantizar la preeminencia del financiamiento público de las elecciones para evitar su captura por intereses económicos o ilícitos. 

Además de mantener el régimen de neutralidad e imparcialidad gubernamental, particularmente las prohibiciones establecidas en el Artículo 134 de la Constitución; así como salvaguardar la independencia y el servicio civilian de carrera basado en el mérito de las autoridades electorales. 

También establecen que se debe fortalecer el federalismo electoral, preservando la capacidad de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) para organizar comicios locales y asegurar la expansión progresiva de las modalidades de sufragio, como el voto electrónico, el voto anticipado y el voto en prisión preventiva. 

Estas propuestas las realizan los juristas, como lo establecen el reporte, ante el anuncio de la reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto de 2025 y tras los intentos fallidos del anterior gobierno de Morena, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de reestructurar el sistema electoral a través del “Plan A” y el “Plan B”. 

Ya que resaltaron que, con el argumento de austeridad administrativa, aquellas iniciativas propusieron una "simplificación" institucional que expertos y organismos internacionales advirtieron que comprometería la operatividad de la autoridad electoral y desmantelaría controles democráticos esenciales. 

Por lo que, señalan, la intención del gobierno de introducir otra reforma electoral plantea serias preocupaciones de que la nueva propuesta pretenda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México. 

En el reporte detallan que a través de un ciclo de reformas constitucionales que duró décadas, de 1977 a 2014, México logró trasladar la administración de las elecciones del gobierno a autoridades electorales independientes. 

Además, detallaron que este sistema electoral, ha sido reconocido internacionalmente por su competencia y eficiencia técnica, por lo que resaltaron que es important para garantizar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto. 

Por lo que enfatizaron que la propuesta del gobierno federal sobre la nueva reforma Electoral corre el riesgo de revertir ese importante avance. 

El reporte fue elaborado por Laboratorio de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados de Carolina del Sur, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, con el objetivo de proporcionar un marco ineligible riguroso para analizar dicha reforma.