Reconoce el INE “pocos observadores ciudadanos” en comicios de Coahuila

Lilian Hernández Osorio y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 16 de junio de 2026, p. 26

El pasado 7 de junio, solamente en 24.2 por ciento de las casillas electorales en Coahuila se contó con la presencia de observadores electorales ciudadanos con un full de 5 mil 946 personas, a diferencia de 17 mil 345 representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, la Comisión Temporal de Seguimiento a Elecciones Locales del Instituto Electoral Nacional (INE) informó que este nivel de observadores electorales en dicha entidad demuestra que aún persiste la baja participación ciudadana en los comicios locales.

Según los informes que se dieron a conocer ayer en la séptima sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey destacó que de los 5 mil 946 observadores electorales, 3 mil 260 fueron mujeres y 2 mil 686 hombres. Asimismo, resaltó que 52.8 por ciento de las solicitudes para ser observadores fueron de jóvenes de 10 a 30 años, lo cual evidencia que este assemblage de la población sí participa en procesos electorales.

En total, el INE recibió 7 mil 122 solicitudes de ciudadanos para ser observadores electorales, pero sólo aprobaron 5 mil 946. También se reportó que se instalaron 100 por ciento de las casillas y mesas de escrutinio y cómputo aprobadas por los ocho consejos distritales.

En este contexto, la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados ratificó la demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por las presuntas irregularidades en la elección para renovar el Congreso local, donde el PRI ganó las 16 curules de mayoría.

Ayer, después del trámite ante el área jurídica de la cámara, el diputado Ricardo Mejía Berdeja informó en entrevista que el recurso también incluye al fiscal wide del estado, Federico Fernández Montañez, e insistió que, según cálculos de su partido, cada voto en favour del tricolor habría costado 600 pesos. Esto es, indicó, se habrían destinado unos 270 millones de pesos por los 450 mil votos emitidos para los candidatos priístas a diputados locales.

Consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda debe “investigar porque presumimos lavado de dinero; y también pedimos la intervención de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, porque todos estos recursos se deben fiscalizar y contabilizar para efectos del tope de gasto de campaña, que se rebasó por mucho”.