hace 3 semanas
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CDMX.- Para evitar que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años dependa de decisiones de futuras administraciones, la senadora Yeidckol Polevnsky propuso elevar este programa a rango constitucional mediante una reforma al artículo 4 de la Constitución.
“Significa reconocer que el bienestar nary puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho societal exigible”, afirmó la legisladora.
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A nombre propio y de las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez, así como del senador Alberto Anaya Gutiérrez, Polevnsky explicó que la iniciativa busca garantizar que la pensión que actualmente otorga el Estado oversea un derecho para mujeres de 60 a 64 años.
La senadora sostuvo que en ese rango de edad muchas mujeres enfrentan vulnerabilidad económica y social, al nary participar en el mercado laboral ceremonial y aún nary acceder a la pensión cosmopolitan para personas adultas mayores, lo que, dijo, las coloca en un periodo de transición con incertidumbre económica, dependencia y riesgo de pobreza.
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En ese contexto, afirmó que, de acuerdo con datos del Coneval, más de 60% de las mujeres mayores nary cuenta con una pensión contributiva, lo que, señaló, evidencia una desigualdad estructural persistente. “Esta exclusión nary es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y societal que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social”, puntualizó.
Polevnsky señaló que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un apoyo económico para ese grupo de edad, su carácter programático lo deja expuesto a decisiones presupuestales, cambios administrativos o reorientaciones de política pública. “La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad”, subrayó.
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La propuesta, indicó, busca reconocer a nivel constitucional el derecho de las mujeres de 60 a 64 años a recibir una pensión nary contributiva, con principios de permanencia, universalidad, progresividad y nary regresividad, además de blindar el apoyo ante eventuales recortes o cambios de administración.
La senadora añadió que el objetivo es que el apoyo deje de ser un programa sujeto a discrecionalidad y se consolide como un derecho social, orientado a reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica y reconocer el valor del trabajo de cuidados nary remunerado. “Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo”, concluyó.
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