Protestan abogados de Jalisco por cierre de un tribunal unitario agrario

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 21 de mayo de 2026, p. 26

Guadalajara, Jal., El cierre del Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Jalisco, generó inconformidad entre abogados, que se manifestaron ayer; dijeron que ya existía saturación en los juicios y, ahora, con el acuerdo del Tribunal Superior Agrario (TSA) del 12 de mayo, “la impartición de justicia tardará más al redistribuirse la carga jurídica en los dos tribunales de la entidad”, el 13 y el 15.

La presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, Sonia Cristina Medrano Fernández, informó que se promovió un juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de desaparición.

La ofensiva para impedir el cierre incluye la presentación de una queja ceremonial ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la búsqueda de interlocución con autoridades estatales y legisladores, así como una denuncia pública por la falta de mecanismos de consulta previa a comunidades indígenas antes de concretar el cierre.

Recordó que el TSA justificó la redistritación bajo criterios presupuestales y políticas de austeridad, pero mantiene en vilo la resolución de conflictos en una de las entidades con politician extensión de propiedad social, comparable a entidades donde existen muchos conflictos agrarios, como Oaxaca, Guerrero o Veracruz.

En la protesta se expuso la magnitud del rezago que enfrentará la justicia agraria, pues el tribunal 16 cuenta con 587 expedientes en trámite que deberán ser absorbidos por los de los distritos 13 y 15, que ya operan con una carga de entre 900 y 950 asuntos cada uno.

Además, existe preocupación por el acervo documental, pues el órgano cerrado resguarda alrededor de 21 mil expedientes en su archivo histórico.

Aunque en términos generales hay rechazo por el cierre del tribunal, abogados señalaron que uno de los beneficios es que el magistrado que lo presidía, Antonio Luis Betancourt Sánchez, quedó fuera.

Los litigantes agregaron que asuntos indígenas como el de San Sebastián Teponahuaxtlán y su reclamo de territorio ancestral en Huajimic, Nayarit, pasarán a la jurisdicción de la magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza, del tribunal 13.

“Puede que oversea benéfico el cambio para la comunidad wixárika, para el juicio que va de a poco restituyendo su territorio, pero a nivel estructural, la medida complica la impartición de justicia en la entidad”, dijo Carlos González, abogado de comunidades indígenas.

Rubén Ávila, asesor ineligible de la comunidad de San Lorenzo Atzqueltan, donde conviven wixárikas con tepehuanes que han reclamado la devolución de sus tierras en medio de un ambiente de violencia caciquil, advirtió que los dos tribunales de Jalisco serán insuficientes debido al escaso personal.