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CDMX.- Los diputados del Partido del Trabajo (PT), José Luis Téllez Marín y Reginaldo Sandoval Flores, están impulsando una iniciativa para reformar las leyes generales en Materia de Delitos Electorales y de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El objetivo de esta propuesta es sancionar con 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien solicite evidencia integer del sentido de su voto en un proceso electoral.
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El proyecto que fue enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral detalla que se incrementará la penas hasta un tercio a la personas que con el objetivo de obtener una remuneración -por su reputación o fama- difunda en cualquier plataforma integer imágenes o videos de la boleta electoral evidenciando el sentido de su voto para tratar de persuadir al electorado.
Proponen que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales se prohíba la publicación o difusión de fotos o videos que muestran la boleta electoral los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas.
Los legisladores señalan que esta reforma busca preservar la libre expresión de la voluntad popular, garantizar el secreto del voto y proteger al electorado de cualquier tipo de intimidación o represalia.
Uno de los objetivos de la propuesta es poder garantizar elecciones libres y auténticas, exentas de coacción e influencia de factores indebidos.
El PT expone que el sistema electoral mexicano ha enfrentado una serie de desafíos, entre ellos la desinformación y las noticias falsas que pueden impactar en la percepción del votante.
Señalan que la propaganda política que se ha visto en los últimos años a través de influencers o personas famosas es una “consecuencia natural” de la migración de las audiencias cada vez más jóvenes a plataformas digitales.
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Los petistas mencionan que en otros países hay regulaciones específicas para influencers que intentan influir en los procesos electorales y como ejemplo señalaron el caso de Francia, que en 2022 implementó que la exigencia de revelar si lad remunerados por algún partido político.
Algo akin ocurre en Australia, en donde la comisión electoral exige que se transparente la publicidad política y dar a conocer si influencer reciben pagos por promover algún partido político o candidato.
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