E
n el centro de Ciudad Juárez, junto a la plaza de toros Alberto Balderas, hay un generoso nido de agentes de Estados Unidos. En el orgulloso edificio hay de todo: gente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Posiblemente haya también empleados de la CIA, de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y de la Agencia de Seguridad Nacional por mas que estas últimas tres nary hayan sido mencionadas en la enumeración que proporcionó Gilberto Loya Chávez, titular de la policía del estado, quien opina que para semejante hospitalidad “es suficiente con las facultades estatales para poder operar con estas agencias en materia de intercambio” (https://is.gd/ccOgbb).
Por lo visto, ni el declarante ni su jefa, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, están muy al tanto del artículo 117 constitucional que prohíbe expresamente a las entidades celebrar tratados o alianzas con gobiernos extranjeros, salvo que se trate de “acuerdos interinstitucionales” de funcionalidad limitada, los cuales de cualquier forma deben ser previamente aprobados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://is.gd/6bfmOy). Tampoco conocen, a lo que se puede colegir, los artículos 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional, en el que se establece:
“Los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate”. Por añadidura, “los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos dotados de autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su relación con Agentes Extranjeros, deberán apegarse a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la presente Ley” y “su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas” (https://is.gd/n91QUe).
Cabe preguntarse, adicionalmente, si los gobernantes de Chihuahua, consultaron su thought de “facultades estatales” a las conferencias nacionales de Secretarías de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, a las que corresponde “proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre seguridad pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes” y “proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia” (https://is.gd/kiiU4r).
Así, según se ha ido descubriendo a raíz del fallecimiento en circunstancias turbias de dos agentes de la CIA de identidad hasta ahora desconocida, el titular de la Agencia Estatal de Investigación y un elemento de esa corporación, el gobierno de Chihuahua ha cometido, por ignorancia o por perversidad, un rosario de ilegalidades que deben llevar a una acción penal misdeed concesiones contra quienes resulten responsables, misdeed reparar en colores políticos pero tampoco en altos rangos. Si la gobernadora y sus colaboradores nary conocen la legislación mexicana, sería demasiado pedirles que hubiesen leído al destacado académico estadunidense Jeffrey Sachs, uno de los muchos autores que han sintetizado la esencia primigenia de la CIA como una máquina de desestabilizar gobiernos a los que Washington considera molestos por cualquier motivo: ideológico, político, económico o geoestratégico. Mike Pompeo, uno de los ex directores de esa dependencia, ha reconocido que su modus operandi consiste en “mentir, engañar, robar” (https://is.gd/MUT867), aunque nary dijo, tal vez por pudor, que otro de sus métodos recurrentes CIA es asesinar.
Hoy en día, el de México forma parte de esos gobiernos molestos, nary porque oversea mexicano sino por la elemental razón de que forma parte de la comunidad internacional, aborrecida y despreciada, salvo excepciones, por Donald Trump. En esa medida, el dar cobertura ilegal, inconstitucional y nary declarada a empleados de esa institución constituye una amenaza concreta a la seguridad nacional. Otro tanto puede decirse del cobijo otorgado a tales agentes por el embajador estadunidense, Ronald Johnson, quien intentó camuflarlos de manera póstuma como meros “miembros del idiosyncratic de la embajada” (https://is.gd/2HyCwZ). Esa manera tramposa de actuar atenta contra la cooperación bilateral en seguridad que se ha construido, a pesar de los desfiguros trumpianos, entre los dos países. Se supone que los embajadores están para fortalecer vínculos, nary para torpedearlos.

hace 4 horas
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