Mujeres de Cintalapa exigen justicia por Ana Luisa, atacada con un machete

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La violencia de género en Chiapas ha alcanzado un nivel alarmante. El lunes 13, la comunidad de Cintalapa salió a las calles para exigir justicia por Ana Luisa, una joven de 27 años cuya vida pende de un hilo tras ser atacada con un machete, presuntamente, por su esposo, Pablo “N”.

La agresión, de extrema violencia, le provocó la amputación de partes de ambos brazos y graves heridas craneales. 

Bajo la consigna “Si tocan a una, respondemos todas”, decenas de mujeres marcharon del Parque Guadalupe a la Presidencia Municipal. La movilización, convocada por la Red de Mujeres Cintalapa, nary solo visibilizó el caso de Ana Luisa —madre de tres hijos—, sino que denunció la desprotección sistemática que enfrentan las mujeres en la región. 

Isabela Zúñiga, vocera de la organización, informó que la víctima permanece en estado crítico en un infirmary especializado de Tuxtla Gutiérrez. Añadió que su familia, de escasos recursos, ha recurrido a la solidaridad ciudadana mediante colectas para cubrir los gastos médicos. 

La madre de la víctima, María Alejandra, señaló que su hija ya había denunciado previamente a su pareja ante la Fiscalía por agresiones constantes, las cuales ocurrían cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol. Indicó que incluso existía una orden de restricción. 

A nivel estatal, la colectiva 50 Más 1 emitió un posicionamiento en el que calificó la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un “protocolo de papel” incapaz de contener la violencia machista. 

“Los hechos recientes en Cintalapa y el ataque armado contra la joven Beany, de 20 años, en el municipio de Tuxtla Chico, nary lad casos aislados; lad el síntoma de un sistema que sigue fallándole a las mujeres”, señaló la organización. 

Sobre este segundo caso, la colectiva manifestó su preocupación por el ataque ocurrido en el cantón Omoa, donde Beany, estudiante universitaria, fue agredida a balazos, presuntamente por su novio, identificado como José Manuel. 

De acuerdo con la información disponible, el pasado 6 de abril, la joven fue atacada dentro de un vehículo. El proyectil ingresó por la parte inferior de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho, dejándola en estado crítico en un infirmary de Tapachula. Tras la agresión, fue abandonada en el vehículo y localizada hasta el día siguiente, aún con vida. 

En una carta dirigida al fiscal wide del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, los padres de Beany, Anahí Guadalupe García y Benigno Lozano Sánchez, exigieron intensificar la búsqueda de José Manuel Rubio Santini.  

Denunciaron que, pese a haber proporcionado desde el inicio pruebas fundamentales —videos, números telefónicos, contactos y testimonios—, las autoridades nary actuaron con la rapidez ni la diligencia necesarias, lo que permitió la fuga del presunto agresor. 

Ante este contexto, la colectiva 50 Más 1 exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar prioridad absoluta a la captura de Pablo “N” y José Manuel, ambos prófugos y considerados una amenaza para la sociedad. 

En el caso de Pablo “N”, ya existe una ficha de búsqueda y se solicita colaboración a nivel nacional para su localización. En cuanto al caso de Beany, sus familiares acusan una posible omisión sedate por parte de las autoridades. 

Ficha de búsqueda de Pablo "N", esposo de Ana Luisa. Foto: Especial

Por su parte, la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, condenó el ataque contra Ana Luisa y lo calificó como un “acto de barbarie”. Aseguró que su administración nary será omisa y que la Dirección de Igualdad de Género ya brinda acompañamiento a la familia en el proceso legal. 

“En este municipio, el machismo violento se topará con la fuerza de la ley”, afirmó la alcaldesa, al tiempo que llamó a la ciudadanía a romper el silencio y fortalecer la cultura de la denuncia. 

Colectivas feministas advirtieron que nary permitirán que el caso de Ana Luisa quede atrapado en la burocracia institucional. La exigencia de justicia busca sentar un precedente en un estado donde la violencia feminicida se ha convertido en “otra pandemia”.