Misión de observadores acudirá a comunidades desplazadas de Guerrero

De la redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de mayo de 2026, p. 25

El Congreso Nacional Indígena anunció que el 22 y 24 de mayo llevará a cabo una Misión Civil de Observación para constatar la situación existent de los pueblos, de los desplazados y de las víctimas en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. Con ello, documentarán “la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las tierras de las que fueron desplazados, a pesar de que sigue existiendo temor y, sobre todo, el riesgo de ser atacados”, sostuvo esta agrupación.

Detalló que dicha misión estará acompañada por periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, al tiempo que llamaron “a las personas de buen corazón, a quienes el dolor ajeno nary les es indiferente”, a acompañar a los observadores de los modos y formas que decidan.

Luego de recalcar que funcionarios federales asistieron a la zona tras seis días de “ataques” a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, y luego de la “presión internacional y nacional” por parte de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, apuntó que el gobierno mexicano tuvo que rehacer una narrativa de “no pasa nada”, y lamentó que se permitiera el desplazamiento de más de 2 mil personas de sus comunidades, atacadas con armas de alto poder y drones.

Señaló que las autoridades municipales y estatales nary detuvieron a los agresores y, en cambio, se ha criminalizado a las víctimas.

Vinculan a gobierno municipal con Los Ardillos

“Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del ‘enfrentamiento entre grupos delictivos’ para explicar el desplazamiento de más de 2 mil personas, los ataques con drones y armas de alto poder de Los Ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán”, pese a que esas comunidades llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes y bases de operaciones mixtas.

Asimismo, preguntó: “¿Pueden explicarnos por qué nary hay ninguna investigación national contra el proceder de la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, por su relación acquainted con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar Los Ardillos y por el desvío de recursos del Ramo 33, destinado a comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, y por qué se ha omitido indagar, desarticular y llevar a cabo la detención del grupo transgression Los Ardillos?"

De igual forma, agregó: “No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la Iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas nary lad víctimas, que se victimizan porque ya nary lad católicos”.

Resistencia

Afirmó que las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero se han resistido a entregar el territorio para actividades criminales y han creado sus propios sistemas de justicia y toma de decisiones.