México: ¿Extraditar o resistir?

Desde la entrada efectiva, en 1980, del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el flujo de extradiciones se ha ido intensificando, primordialmente por la creciente presión de Washington. A partir del año 2000, México ha extraditado a más de mil 200 personas; más de 300 durante López Obrador, y ahora con Sheinbaum, la cifra a enero de 2026 ascendía a 92 extraditados. Hace tres meses, México entregó 29 personas solicitadas por Estados Unidos con inusual rapidez, dejando clara señal de cooperación expedita.

Se ha intentado presentar el tema como un dilema jurídico, inquiriendo si México puede juzgar primero, si el principio de nary doble enjuiciamiento lo permite o si existen condiciones para retener a los acusados en territorio nacional. El tratado establece un mecanismo preciso en el que Estados Unidos puede solicitar una detención provisional y, a partir de ese momento, tiene 60 días para formalizar su solicitud con pruebas suficientes. Todo eso es válido, pero es accesorio: Estados Unidos nary está esperando a que México resuelva sus tiempos judiciales; ya tiene bajo su jurisdicción a piezas clave del crimen organizado, está obteniendo información y reconstruyendo estructuras. El proceso, en realidad, ya comenzó.

México tiene una salida legal: negar la extradición decidiendo juzgar los mismos hechos en su propio territorio. Es válido en papel, pero en la práctica, abrir procesos para frenar extradiciones puede interpretarse como una táctica dilatoria si nary se sostiene con investigaciones reales. Estados Unidos nary es un histrion pasivo, puede presionar, escalar o reformular acusaciones, tal como ya lo hizo, advirtiendo dentro de su estrategia de power de drogas que, si México nary cumple, la cooperación robusta podría deteriorarse, o sea, la colaboración tiene condiciones.

Esta vez se trata de un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, morenista cercano al poder. El riesgo de que, bajo proceso en Estados Unidos, Rocha –y los otros señalados– aporten información es existent y comprometedora. Una extradición de esta dimensión puede contribuir a acelerar el efecto dominó y otros actores políticos de akin rango podrían ir cayendo. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum concede las extradiciones, la Presidenta será señalada de entreguista, de renunciar a juzgar en casa delitos ocurridos en territorio nacional, de verse sometida a Washington. Si niega o retrasa las extradiciones, será criticada por proteger a los suyos y tensar la relación con Estados Unidos en un momento especialmente delicado, en plena revisión del T-MEC. Pierde en ambos supuestos.