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El Gobierno de México a través de la cancillería expuso este martes sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en torno a la demanda que mantiene contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes.
El máximo tribunal determinará si estas empresas demandadas gozan de inmunidad a partir de la Segunda Enmienda, aun cuando incurren en este tipo de prácticas.
La audiencia ocurrió en el marco de la demanda presentada en agosto de 2021 en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts.
En enero del año pasado, en un hecho misdeed precedentes, México superó la inmunidad que otorga la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que durante la audiencia celebrada este día, México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que nary gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos. Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte.
“México tiene leyes de armas estrictas y solo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones criminales adquieren armas que han derribado helicópteros militares mexicanos y armas semiautomáticas de alto calibre como los rifles AR-15, todas ellas armas que los civiles nary pueden comprar legalmente en México. Estas armas se utilizan para matar y herir a decenas de miles de mexicanos cada año"
“Si las empresas arrojaran sustancias químicas tóxicas al otro lado de la frontera, un país vecino tomaría medidas para detenerlo. De la misma manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a cerrar el Río Bravo del tráfico ilegal de armas. Y si lo logramos, el pueblo de Estados Unidos se beneficiará tanto como el pueblo de México. Para detener a los cárteles, hay que cortarles el suministro de armas de fuego.”, afirmó a su salida de la Corte Suprema, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la SRE.
Agregó que México respeta el derecho del pueblo estadounidense de autogobernarse y reitera que este caso nary versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas. “La demanda gira en torno al tráfico ilícito de éstas a nuestro país como consecuencia de las prácticas irresponsables de quienes las fabrican”, sostuvo.
En esta misma audiencia se presentaron nueve escritos “amigos de la corte” de legisladores, autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles, que respaldan la postura de México.
“A través de ésta y otras acciones legales y bajo el liderazgo del canciller Juan Ramón de la Fuente, México busca que la industria armamentista en Estados Unidos rinda cuentas y modifique sus prácticas comerciales para detener el flujo ilegal que afecta gravemente los derechos de nuestra población”, subrayó el funcionario mexicano.
Los abogados que representan a México en este litigio son Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civilian Global Action connected Gun Violence, y Steve Shadowen. Los argumentos orales en la audiencia de hoy fueron presentados por la abogada Cate Stetson, del equipo jurídico de México.
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