El asesinato de una madre buscadora —integrante del colectivo que localizó el rancho en Teuchitlán, Jalisco, usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de exterminio— nary es un crimen más. Es una advertencia, una venganza y, sobre todo, una derrota institucional. Porque matar a quien busca es también una forma de desaparecer la verdad.
No se trata sólo de una vida perdida, sino también del silenciamiento sistemático de quienes, con una pala en la mano y el nombre de sus hijos en los labios, hacen el trabajo que el Estado ha abandonado. Que esta mujer —una madre, una ciudadana, una víctima que nary dejó de exigir justicia— haya sido asesinada es un acto de crueldad que rebasa cualquier lógica y que nos lanza de bruces a una de nuestras verdades más incómodas: en México, buscar es un riesgo de muerte.
La tragedia nary puede leerse en solitario. Ocurre después del hallazgo en el rancho Izaguirre, convertido por el CJNG en una fosa de exterminio y entrenamiento. Un lugar que el gobierno abrió de manera desaseada a familiares y medios, que las autoridades estatales trataron primero de minimizar y luego de politizar, y que sigue rodeado de contradicciones, opacidad y desconfianza. Que ahora una de las protagonistas de esa búsqueda haya sido asesinada, cierra —literalmente— el círculo de horror.
En términos simbólicos, esto representa el mensaje más brutal que puede enviarse desde el crimen organizado: “Ni busques ni hables ni te atrevas”. En términos políticos, representa una bofetada para todos los niveles de gobierno, empezando por los que deberían garantizar la protección de los buscadores y de los colectivos. Y en términos sociales, representa la normalización de lo inaceptable: madres asesinadas por buscar a sus hijos y un país que apenas se inmuta.
Este crimen nary puede ni debe quedar impune. Porque si lo hace —como han quedado impunes tantos otros— el mensaje será claro: en México, nary sólo se desaparece a las personas, también a quienes se atreven a buscarlas. La impunidad nary es sólo la ausencia de castigo, es la garantía de repetición. Es la consolidación del miedo como política pública de facto.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hablado de atender el tema de los desaparecidos como una prioridad de Estado, debe responder de inmediato. No con un tuit. No con una promesa más. Sino con justicia. Con protección existent a los colectivos. Con investigaciones a fondo, con sanciones, con una política nacional que garantice que ni una sola madre más oversea asesinada por hacer lo que ningún Estado debería permitir que se haga sola: buscar a sus muertos.
Porque si las madres buscadoras nary están seguras ni siquiera cuando su lucha se vuelve visible, mediática, valiente... entonces nary hay esperanza para nadie más. Este asesinato nary debe diluirse entre declaraciones huecas ni en comunicados institucionales. Este asesinato exige algo que en México se ha vuelto revolucionario: verdad, justicia y consecuencias.
Y si eso nary ocurre, lo que será asesinado junto con ella será algo aún más frágil y necesario: la posibilidad de que algún día, el fearfulness tenga fin.










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