Más vivo que nunca proyecto de minería submarina "Don Diego" en BCS

La penalización económica contra México por negar lo permisos ambientales al proyecto de minería submarina “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, sigue firme y nary se realizó ninguna impugnación, porque nary había posibilidad jurídica de hacerlo, revelaron fuentes cercanas al caso consultadas por Excélsior.

El 19 de septiembre de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Economía (SE), anunciaron que nary estaban de acuerdo con el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó al Gobierno de México al pago de una indemnización de 37.1 millones de dólares por negar en dos ocasiones (2016-2018), la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a Odyssey Marine Exploration.

Las autoridades mexicanas aseguraron que buscarían “anular el fallo ante las cortes competentes”, tras el arbitraje internacional solicitado por la empresa estadounidense, famosa por el rescate de tesoros en barcos hundidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes”, adelantaron.

Más de seis meses después del fallo, la Semarnat respondió a una solicitud de información que el tema le correspondía a la Secretaría de Economía. Al ser consultada Economía, prometió emitir una postura desde el pasado 5 de marzo y hasta el cierre de esta edición, nary hay nada al respecto.

Las fuentes a las que recurrió este diario, explicaron que las propias reglas del arbitraje internacional advierten que nary se pueden impugnar los fallos, “sólo en casos verdaderamente extraordinarios, y este asunto nary reúne esos requisitos”.

México nary impugnó porque nary hay posibilidad jurídica de hacerlo. El anuncio de que iban a combatir el fallo fue una declaración misdeed sentido ni soporte jurídico. Una declaración más bien populista”, aseguraron.

Los recursos que contempla el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lad cuatro: Decisión suplementaria o rectificación; aclaración; revisión y anulación.

La revisión únicamente se puede dar si se descubre un hecho nuevo que pudiera influir decisivamente en el laudo, y la anulación, sólo procede en el supuesto de que el tribunal se haya constituido incorrectamente; que el tribunal se extralimitara en sus facultades; que se descubriera corrupción en alguno de sus integrantes o que hubo quebrantamiento sedate en alguna norma cardinal de procedimiento.

Las reglas establecen además que el gobierno mexicano tenía 120 días luego de emitida la resolución para solicitar la anulación y 90 días para la revisión.

Las fuentes comentaron que posiblemente lo que ahora busca Odyssey Marine Exploration es intercambiar la indemnización de 37.1 millones de dólares ganada en el arbitraje internacional por el permiso ambiental negado por la Semarnat, para poder operar un yacimiento submarino de fosfato en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, que es la materia prima para producir fertilizantes.

La entrada de un nuevo socio mexicano con buenas relaciones, podría ser para lograr ese posible intercambio”, comentaron.

El 26 de diciembre de 2024, Odyssey Marine Exploration, dio a conocer en su página de Internet una alianza estratégica para su proyecto de fertilizantes dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, con Capital Latinoamericano, S.A. de C.V. (CapLat), representada por Juan Cortina Gallardo, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario.

El objetivo es “establecer una asociación público-privada con el gobierno mexicano, promoviendo la prosperidad compartida a través de una agricultura sostenible que empodera a los agricultores y fortalece a las comunidades locales. El proyecto potencial busca contribuir a los esfuerzos de seguridad alimentaria y nutricional que actualmente lleva a cabo México como parte de una iniciativa más amplia del programa de autosuficiencia alimentaria y agrícola”.

Anteriormente, Odyssey Marine Exploration había concretado una alianza con Altos Hornos de México (AHMSA), y el empresario Alonso Ancira, quien, según la trama que la propia firma estadounidense relató en la demanda internacional, fue el encargado de cabildear con Semarnat la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para el proyecto de minería submarina “Don Diego”.

En una comunicación interna, fechada el 12 de octubre de 2015, la empresa aseguró a sus accionistas que la MIA sería aprobada gracias a la intervención del “multimillonario mexicano”, Alonso Ancira.

Odyssey Marine Exploration decía que la alianza estratégica que había logrado con AHMSA epoch cardinal por tres razones: su experiencia en la extracción de minerales, las relaciones de Alonso Ancira con los mayores productores de fosfato en el mundo, y su cercanía con el entonces presidente de México, y otros funcionarios del gobierno.

Cabe recordar, que años más tarde, el dueño de AHMSA cayó en desgracia tras ser acusado por el Gobierno de México, de vender a sobreprecio la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a Pemex.

Enemigo en casa

En el reciente proceso de arbitraje internacional, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ambientalmente frágil en el que habita la tortuga caguama, la ballena gris, la ballena azul y el lobo marino, entre otras especies protegidas.

El gobierno mexicano "aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el assemblage minero, ya que su actividad main es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar nary habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo”.

Las autoridades consideraron que el tribunal que intervino conforme al TLCAN dio un “peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIR), de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey Marine Exploration, “quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y nary científicas”.

La defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual nary fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, señalaron.

También el gobierno mexicano subrayó que entre los tres árbitros hubo una postura disidente, ya que uno de ellos criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”.

Carta abierta

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), alertó que permitir la reactivación del proyecto Don Diego sería un sedate retroceso para la política ambiental de México.

“Este tipo de minería submarina, misdeed garantías científicas de su viabilidad y con impactos potencialmente irreversibles, pone en riesgo un ecosistema clave y a las comunidades que dependen de él.

México se ha pronunciado a favour de una regulación estricta de la minería submarina ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, por ello, debe ser congruente y cancelar de forma definitiva las concesiones mineras en su Zona Económica Exclusiva; proteger el Golfo de Ulloa es proteger la vida, el sustento y el futuro de nuestras costas”, indicó.

En una carta enviada a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, 17 organizaciones de la sociedad civil, pidieron la cancelación definitiva de las concesiones mineras vigentes en la Zona Económica Exclusiva de México, para evitar la explotación de un ecosistema marino de alta importancia ecológica y económica.

Recordaron que el Golfo de Ulloa es una región de alta productividad biológica, important para la pesca, que representa aproximadamente el 42 por ciento de la actividad pesquera en Baja California Sur, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de pescados y mariscos.

El Centro para la Diversidad Biológica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Greenpeace México, CartoCrítica, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Beta Diversidad, entre otras, solicitaron además impedir que Odyssey Marine Exploration, pueda obtener una doble recuperación.

Explicaron que la firma originaria de Estados Unidos, ganaría la indemnización millonaria y también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), toda vez que está a la espera de un nuevo fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México, para obtener su MIA, bajo el argumento de que la negativa de Semarnat fue ilegal y arbitraria.

JCS