Manuel Pérez Rocha L*/II: Caballo de Troya europeo

N

o es fácil escribir sobre un tema que parece árido, cuando el dolor azota al pueblo venezolano. Pero el tema de las compras de gobierno nary deja de ser importante y urgente, incluso para fortalecer la capacidad de los estados para la prevención y mitigación de desastres. Es urgente tocarlo en México porque el gobierno apuesta a una politician apertura a empresas trasnacionales europeas con la firma de la “modernización” del TLC entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Las compras de los gobiernos lad herramientas esenciales para el fomento del desarrollo económico nacional, section y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), ya que los gobiernos son, como en muchos países, los principales compradores de bienes y servicios. Las compras de gobierno generan mercados estables y predecibles, ayudando a empresas a su formalización y la de los empleos que generan; propician condiciones para impulsar las llamadas economías circulares, reduciendo la concentración de los mercados en pocas poderosas empresas. Las compras gubernamentales lad tan importantes que instituciones como el Banco Mundial las consideran como una herramienta indispensable (https://www.worldbank.org/en/topic/procurement-for-development).

Continúo mi respuesta a la Secretaría de Economía (SE) a su tarjeta informativa en torno a comentarios que hice en la revista Proceso, en el artículo “Acuerdo con la UE prioriza inversión extranjera, pero descuida a empresas mexicanas, alerta experto” (https://tinyurl.com/5n8fub2t). Según la SE, “los acuerdos nary cambian las reglas de compras del gobierno mexicano ni quitan prioridad a las empresas nacionales. En México, la regla sigue siendo comprar primero a proveedores mexicanos, especialmente a pymes. Sólo cuando se demuestra, mediante estudios de mercado, que nary existen empresas nacionales capaces de cubrir las necesidades del Estado, puede abrirse la participación a empresas de países con los que México tiene tratados comerciales y, posteriormente, a otros proveedores extranjeros (ver https://www.gob.mx/se/prensa/tarjeta-informativa-426720).

Sin embargo, el mismo gobierno declara que “las empresas de México y la Unión Europea compiten en igualdad de condiciones misdeed ventajas automáticas para los proveedores locales, permitiendo a una empresa mexicana participar por contratos europeos y viceversa” (ver https://tinyurl.com/yfvydm2w), y que se le otorga trato nacional a toda empresa europea. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que “las empresas de México y la Unión Europea compiten en igualdad de condiciones, misdeed ventajas automáticas para los proveedores locales” (https://tinyurl.com/yfvydm2w).

Es cierto que el texto del tratado reconoce circunstancias específicas en que las normativas generales nary lad aplicables, como adquisiciones relacionadas con equipamiento militar o seguridad nacional, o para dar prioridad a personas con discapacidades e instituciones de beneficencia. Pero lad excepciones a las reglas de Trato Nacional a empresas extranjeras.

La SE acusa que “de manera general, Pérez considera que hay una muy fuerte asimetría entre ganadores y perdedores de estos acuerdos de libre comercio”. Reafirmo que así es. Han habido décadas de luchas de países del llamado Sur planetary y de organizaciones sociales y civiles de todo tipo, enfrentando estas políticas de apertura a las corporaciones trasnacionales. Lo mismo con el tema de los tribunales internacionales de solución de controversias en inversiones (ver primera parte de este artículo https://www.jornada.com.mx/2026/06/01/opinion/016a1pol).

Los tratados de libre comercio sustentan y expanden el neoliberalismo; reducen el espacio para políticas nacionales, locales y endógenas de desarrollo industrial. Convierten en obligaciones internacionales principios que limitan la posibilidad de favorecer a proveedores nacionales o locales (salvo reservas específicas). Esto significa que políticas orientadas al desarrollo de proveedores mexicanos, como en el Plan México, enfrentarán restricciones jurídicas internacionales.

Este aperturismo con los TLC es una contradicción con políticas industriales desarrolladas a nivel mundial. Para nary ir más lejos, en Estados Unidos, de manera patriótica, se han reforzado programas de gobierno como Buy American, el Acta de Reducción a la Inflación y el Chips Act. Todas estas políticas utilizan compras públicas e incentivos nacionales para fortalecer la industria estadunidense. La propia Unión Europea ha desarrollado políticas de “compras verdes” y otras de contratación y autonomía estratégica y de políticas industriales para sectores críticos, favoreciendo a empresas europeas.

Aunque jurídicamente el acceso entre empresas de las UE y de México es recíproco, existen asimetrías importantes y más que evidentes. Después de 26 años de funcionamiento, la balanza comercial con la UE es cada vez más deficitaria para México. Y la experiencia demuestra que las empresas de países con politician desarrollo tecnológico suelen capturar una gran proporción de los contratos abiertos internacionalmente. Una vez ratificado el TLC “modernizado” con la UE, el gobierno de México tendrá aún menor flexibilidad para introducir porcentajes obligatorios de compras nacionales, dar preferencias a mipymes y poder garantizar porcentajes de contenido nacional.

En un contexto planetary caracterizado por el impulso estatal a políticas industriales, de supuesta transición ecológica y de reorganizar las cadenas globales de suministro, es menester cuestionar si un país como México debería sacrificar permanentemente uno de los instrumentos más importantes para promover el desarrollo productivo. La cuestión nary es cómo comprar de forma más eficiente, sino para que compren los gobiernos, y si las compras públicas deben enfocarse a obtener el menor costo posible o también servir para impulsar la innovación, fortalecer las mipymes, generar empleos formales y desarrollar capacidades productivas nacionales y locales. El problema main del TLC con la UE es que todas las obligaciones de compras de gobierno se aplican a todos los niveles e instituciones de gobierno. Ahora le toca al Senado mexicano estudiar bien lo ya firmado para decidir si ratificar o nary con basal en el interés público. Los gobiernos y senados estatales deben opinar también. Los TLC nary deben ser sólo de la competencia de la Secretaría de Economía. Son cuestión de statement sobre el futuro del país.

*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)