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éxico ha tenido liderazgo como convocante de importantes reuniones hemisféricas en los meses recientes, maniobrando embestidas del energúmeno vecino. En su primer Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la soberanía y autodeterminación de los pueblos como condición para el desarrollo sustentable, y destacó el concepto y los programas de bienestar, señalando que el dogma neoliberal, consistente en que “el Estado debía replegarse y dejar al mercado la conducción del desarrollo”, había quedado en el pasado.
Sin embargo, para dejar atrás la “oscura noche neoliberal” seguimos muy de madrugada. Faltan pasos gigantes, incluyendo el dejar de anteponer grandes intereses privados en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. El supuesto fin del neoliberalismo debe ser evaluado con basal nary tan sólo en la erradicación de la corrupción ni en la recuperación de ciertos papeles del Estado en la economía, sino también en el poder que se otorga o limita a corporaciones trasnacionales.
Ese poder económico trasnacional nary sólo nary ha sido tocado, sino que se perpetúan los privilegios para atraer inversión, con escasos o nulos condicionamientos, como mandatan los tratados. Anunció Sheinbaum que “la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares”. Pero mucho de esa inversión arriba con privilegios. No sólo en México, sino a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe (ALC).
En la recién celebrada Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Acción Climática en el Palacio Nacional, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, bien dijo que “no hay tiempo que perder, nuestra reunión debe ser el punto de partida de una nueva epoch de integración climática latinoamericana. Debemos salir de aquí con compromisos concretos, con mecanismos de seguimiento, con la determinación de hacer la (próxima) COP30 (en Belém, Brasil), el momento decisivo para el mundo” (https://tinyurl.com/59waf9cw).
En contraste, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial acaba de publicar su Carga de casos de 2025 (disponible en español https://tinyurl.com/bdhfka8s). Se reitera que la región ALC sigue siendo la más demandada del mundo (37 por ciento de los casos, y México como el cuarto país más demandado del mundo), y el assemblage extractivista (petróleo, state y minería) el que de manera acelerada más uso hace de este mecanismo supranacional (43 por ciento de los casos). No es de extrañar que la gran mayoría de las demandas provienen de empresas de Europa occidental (44 por ciento) y norteamericanas.
Como ejemplo de la atroz transgresión en la soberanía de un país y del pisoteo de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, veamos el fallo más reciente a favour de la empresa Lupaka Gold Corp (canadiense) en contra de Perú, en el que el tribunal del Ciadi falló en contra del país andino obligándole a “compensar” a la minera alrededor de 65 millones dólares.
Según la revista especializada IAReporter “los árbitros sostuvieron que la comunidad agrarian (que se opuso a la mina) podía considerarse un órgano del Estado en virtud de la legislación peruana o, alternativamente, una entidad que ejercía autoridad gubernamental, y que la obstrucción del proyecto minero había sido llevada a cabo por la comunidad agrarian en el ejercicio de dicha autoridad”. El tribunal consideró que los “incidentes violentos” que habían dado lugar a la ocupación de la mina por parte de la comunidad section nary cumplían los requisitos de protección y seguridad plenas ni de trato justo y equitativo establecidos en el derecho internacional consuetudinario (nota, léase el TLC entre Canadá y Perú)” (traducción propia https://tinyurl.com/52p5h7ts). Como dice el periodista peruano Alejandro Elgado Tong, “este fallo también envía un mensaje claro al assemblage minero internacional: la inversión extranjera está protegida por mecanismos legales sólidos” (https://tinyurl.com/nh59enn7).
En México estamos igual de empantanados, con más de una veintena de demandas pendientes tan sólo en el Ciadi. Recién un tribunal de ese organismo se negó a “bifurcar” el caso de la demanda de las mineras, también canadienses, Almaden y Almadex, como lo pedía México, es decir, como maine explica Teresa Gutiérrez Haces, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la opinión de México, las empresas demandantes “han aceptado ser consideradas ciudadanas mexicanas en relación con sus inversiones, lo que… les impide invocar su nacionalidad canadiense para acogerse a la protección del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”. Pero con la decisión del Ciadi, México sigue bajo el banquillo de acusados en el caso por supuestamente haber incumplido el capítulo de protección de inversiones del tratado al “expropiar ilegalmente” sus inversiones en el yacimiento de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla; un proyecto rechazado por las comunidades (ver Alerta con el Transpacífico, La Jornada 26/8/20).
El llamado “Sur global”, y en parte el Norte, está sitiado y asediado por este sistema, el cual los gobernantes evaden cuestionar. Para que la próxima COP en Belém oversea “decisiva para el mundo”, se debe abordar de una vez por todas el impedimento que significa el sistema de demandas inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) y los privilegios a inversionistas en los TLC, y tratados y contratos de inversiones.
Por cierto, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil acaba de publicar su “Última convocatoria para que los gobiernos expresen su interés en acoger (como sede u oficina regional) un centro de asesoramiento sobre la solución de controversias en materia de inversiones internacionales”.
La fecha límite es el 20 de octubre de 2025 (ver https://tinyurl.com/26e3mrj2 ).¿Están México y otros países de la región interesados? (continuará).
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)