Los observadores electorales: ¿funcionan?, ¿funcionaron?

Por la acelerada velocidad con que hoy transcurren los acontecimientos, parece que las llamadas elecciones judiciales, celebradas el 1 de junio de este año, ocurrieron en un pasado remoto. Por eso, de alguna manera ha sorprendido que hasta en días recientes se haya divulgado el informe que la UNIORE presentó sobre el “acompañamiento” –se entiende mejor si se lee la observación– que hizo al mencionado proceso comicial.

La UNIORE es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, creada en 1991. Forman parte de ella la casi totalidad de las agencias electorales del continente americano. Tiene entre sus objetivos el de “estimular la observación de los procesos electorales y formular recomendaciones de carácter general”. Razón por la que acordó llevar a cabo una observación integral al proceso electoral judicial mexicano de este 2025. Conformó, al efecto, una misión integrada por 23 especialistas en la materia, funcionarios electorales de una docena de países.

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En el informe que presentó incluyó comentarios relevantes acerca de diversos aspectos del mencionado proceso electoral judicial, así como una interesante serie de conclusiones y recomendaciones que han de considerarse valiosas. Vale la pena destacar aquí el relativo a la propia observación electoral.

En relación con dicho tema, el informe de la UNIORE señala, de entrada, que: “Al nary existir participación de los partidos políticos [por estar legalmente prohibida], hubo un incremento de observadores nacionales. Cualquier ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos –dice– podía ser observador nacional” (p. 8).

Por lo anterior, fue tal vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 317 mil 076 solicitudes de acreditación como observadores electorales y autorizó que éstos “podían estar en las casillas a lo largo de la jornada electoral y también en los cómputos en los consejos distritales” (p. 10).

Aunque la UNIORE nary trae la comparación del aumento en el número de observadores electorales con respecto a los acreditados para la elección national del año anterior, la de 2024, es importante señalar que en ésta su número fue de 25 mil 126 observadores para cubrir 170 mil 292 casillas. Es decir, uno por casi siete casillas. En contraste, para la elección judicial, en la que se instalaron 83 mil 974 casillas, menos de la mitad que un año antes, el promedio resultó de casi 4 observadores por casilla electoral. En el aspecto cuantitativo, pues, el aumento fue más que relevante.

Sin embargo, desde el ángulo cualitativo, llamémosle así, la cuestión cambió radicalmente. Se transcriben al efecto diversos comentarios y opiniones que los integrantes de la Misión UNIORE incluyen en su Informe:

Dicen que “constataron la presencia de observadores nacionales durante la jornada (electoral), aunque pocos, en comparación con otras elecciones” (p. 16).

Más adelante, en la página 18, señalan que “se pudo constatar que durante este proceso (relativo al cierre de las casillas el día de la elección) nary había observadores nacionales en las casillas visitadas”.

Por lo que hace a los consejos distritales, en cuyos locales se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de la elección, fase sumamente importante del proceso, el informe da cuenta que “la Misión coincide en que nary hubo presencia importante de observación nacional en los lugares mencionados, a pesar de haber una cantidad significativa de personas acreditadas” (p. 19).

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En el apartado de conclusiones del informe, se lee: “Llamó la atención de la Misión la escasa presencia de observadores nacionales tanto durante la jornada electoral como en los consejos distritales durante el escrutinio y cómputo posterior, principalmente luego que la Misión recibiera información acerca de una gran cantidad de personas acreditadas para realizar esta función” (p. 22).

Finalmente, con el carácter de recomendación, la UNIORE en su informe hace la siguiente: “la Misión considera cardinal –dice– reglamentar la función de los observadores electorales mediante un protocolo de actuación que permita, de manera documentada, agregar a la transparencia del proceso” (p.26).

Con el sesgo que está tomando la función electoral en México –y peor aún el que se espera luego de la reforma que se anuncia en esta materia, de franca regresión hacia etapas que se consideraban superadas–, resulta muy importante tener muy en cuenta los comentarios y recomendaciones, en materia de observadores electorales, hechas por la UNIORE en su informe.