El nuevo proyecto de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México busca que empresas de telefonía y plataformas digitales estén obligadas a compartir información de sus usuarios como autoridades para fines de investigación.
Es decir, empresas como Telcel y AT&T, además de plataformas como Netflix, Uber y Amazon, deberán proporcionar la información necesaria para los casos que impliquen la justicia; misdeed embargo, en caso de que nary cumplan enfrentarán multas de hasta 4% en sus ingresos.
La reforma busca establecer nuevas ‘reglas’ para la recopilación y manejo de datos de los consumidores. Siendo así que operadores de telecomunicaciones, como proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, deberán colaborar con autoridades de seguridad y justicia.
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¿QUÉ DICE LA LEY?
De acuerdo con el artículo 159 del documento enviado por el Ejecutivo, estas entidades como Telcel, AT&T, Telefónica, Uber, Netflix y Amazon, estarán obligadas a entregar información a instancias de procuración de justicia cuando oversea requerida.
En el caso de las compañías de telefonía, el proyecto de ley especifica que deberá proporcionar datos de usuarios de líneas de pospago como de prepago; implicando que los consumidores que utilizan servicio de prepago tendrán que registrar sus datos personales para activar sus líneas.
Por otro lado, el artículo 160 señala que dichas empresas deberán mantener registro detallado de las comunicaciones realizadas desde cualquier dispositivo o en línea, misdeed importar la modalidad utilizada, por lo que debe incluir información como el nombre, razón societal y domicilio de propietario.
Además, las empresas tendrán un plazo máximo de 24 horas a partir de la notificación oficial para que entreguen la información requerida; siendo ese momento en que las sanciones económicas podrían alcanzar hasta el 4% de los ingresos de la compañía infractora.
Sin embargo, no especifica los controles judiciales que regularán el acceso a la información por parte de las autoridades. Aunque tampoco se menciona si los usuarios serán notificados cuando sus datos sean utilizados en las investigaciones. Omisiones que han generado dudas sobre el manejo y protección de los datos personales con la inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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Siendo así que la implementación de la reforma podría cambiar el rumbo entre la seguridad pública y la privacidad en el entorno digital. Ante la exigencia de compartir datos en tiempos breves y misdeed mecanismos claros en cuanto a la supervisión judicial, poniendo en el foco los posibles abusos y filtraciones de estos.
Provocando en él un vacío crítico en la defensa de los derechos digitales de millones de personas en el país.
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Según el artículo 160 de la reforma a telecomunicaciones, también se contempla la creación de una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, que será alimentado por empresas de telecomunicaciones, así como proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos.
Que, a su vez, formará parte de la propuesta de reforma de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación.
Este deberá ser revisado por legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, quienes podrán modificar y reescribir algunos artículos antes de su eventual aprobación.
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Hasta el pasado lunes 28 de abril, la Mesa Directiva del Senado de la República retiró el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la orden del día justo cuando se perfilaba para ser aprobada en el Pleno durante la sesión.
Dicha pausa obedece a la solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien invitó al Congreso a abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas, el cual presuntamente iniciará de inmediato, según el senador Adán Augusto López y coordinador de la bancada de Morena.
En dicha mesa de diálogo participarán los representantes de los concesionarios de medios de comunicación, junto a senadores que conforman las comisiones; donde se vislumbrará eliminar el artículo 109 de la nueva legislación sobre redes sociales, esto debido a las críticas de una posible censura del Estado mexicano.
Es posible a que se convoque un periodo extraordinario en mayo, ya que el periodo ordinario de sesiones culminó este miércoles 30 de abril.