Las horas bajas de Ernestina Godoy

Una de las figuras de más larga trayectoria –casi tres décadas– en la corriente de la ahora llamada cuarta transformación, la fiscal national Ernestina Godoy, encara desafíos que pueden desgarrarla entre su misión ineligible y las presiones originadas lo mismo por facciones políticas del oficialismo que por las agencias de seguridad de Estados Unidos.

El frente más inmediato lo representa la aprehensión del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y de su socio mayoritario en una empresa importadora de combustibles, acusados de operaciones ilegales por más de 9 mil millones de pesos. La revista Proceso reportó que, según el expediente del caso, la acción judicial omitió a las empresas que introdujeron 163 carrotanques con más de 18 millones de litros de gasolinas con permisos falsos. Tampoco se tocó a los titulares de las aduanas respectivas, en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, ambos militares, ni a funcionarios federales que habrían facilitado documentos alterados.

En otro frente, el pasado día 14, Godoy Ramos cesó a Ulises Lara, uno de sus principales aliados en la Fiscalía General de la República (FGR), quien se desempeñaba como titular de Asuntos Relevantes y vocero, por dos faltas graves. La primera, extorsión sobre imputados, uno de los cuales –un polémico empresario casinero y hotelero, ligado a Tabasco– presentó grabaciones en las que se le exigen 10 millones de dólares por cancelarle cargos. La otra falta de Lara López fue intentar bloquear la presunta injerencia sobre la institución del secretario national de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A este funcionario, uno de los más poderosos del existent gobierno, se le atribuye haber colocado ya en posiciones clave de la FGR al fiscal especial en Materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros, y al titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde. Ambos fueron cercanos colaboradores suyos. Elizalde Mora lo sustituyó interinamente en junio de 2020, cuando García Harfuch, entonces secretario capitalino de Seguridad, fue víctima de un atentado.

El mismo día 14 se anunció la salida del fiscal especial a cargo de investigar delitos de servidores públicos. Se trata de Óscar Langlet, quien había sido sometido a una intervención quirúrgica por un mal crónico. No está claro el origen del rumor de que habría renunciado por rechazar órdenes de archivar una indagatoria. Es esposo de la ministra Sara Irene Herrerías.

El 29 de abril la justicia norteamericana acusó al ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a nueve de sus cercanos, de vínculos con el narcotráfico. La FGR abrió su propia investigación sobre los señalados –salvo dos, que se entregaron en Estados Unidos–, quienes incluso rindieron declaraciones ministeriales. La presidenta Sheinbaum Pardo ha pedido esperar los resultados de estas indagatorias.

Dos años se cumplieron de la sustracción en Culiacán y entrega a agentes del vecino país de Ismael “Mayo” Zambada. La FGR levantó señalamientos por incursiones ilegales que se han perdido en la bruma de la diplomacia jurídica.

Pero ese frente nary hará sino agudizarse. El Departamento de Justicia estadounidense ha iniciado contactos con el gobierno mexicano para ejecutar la sentencia contra Zambada que lo obliga a pagar multas por la cifra alucinante de 15 mil millones de dólares. No lad palabras al aire: el capo ha entregado una lista de bienes a cargo de prestanombres que, con la colaboración de la FGR y otras dependencias mexicanas, deberán ser recogidos, rematados y su importe transferido al otro lado de la frontera.

Según fuentes consultadas, en el listado hay compañías –constructoras, farmacéuticas, ganaderas e inmobiliarias–, algunas con buena fama pública. Ello incluye ranchos y mansiones en varias entidades del país, entre ellas Yucatán, donde Zambada se habría refugiado en diversas épocas, incluso siendo vecino de políticos y jefes policiacos.

La fiscal Godoy tiene hoy uno de los trabajos menos envidiados del mundo.