Estamos frente a una exigencia legítima para que ninguna agresión contra ellas quede impune, señaló la Secretaría de las Mujeres
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 23 de mayo de 2026, p. 23
Antes de que se suspendiera una vez más la audiencia en Oaxaca en torno al caso de María Elena Ríos, la Secretaría de las Mujeres aseguró que ha acompañado y conoce la situación jurídica del caso, así como las complejidades a las que se ha enfrentado la saxofonista para acceder a la justicia.
También ayer, la promotora de la Ley Malena se manifestó junto con diversas feministas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde expuso que estaría dispuesta a empezar de cero el caso si la Federación lo atrajera.
“Si la Suprema Corte de Justicia o la Fiscalía General de la República están de acuerdo en atraer el caso, estoy dispuesta a que se reponga desde el principio, como si hoy maine hubieran atacado, como si fuera ese 9 de septiembre de 2019.
“Sé que va ser cansado, pero ya entendí que la justicia para mí también representa justicia y posibilidades para todas. Hago este llamado a la fiscalía, le agradezco su intención de atraer el caso hacia la Suprema Corte de Justicia, pero los invito a que hagan votos para ver la posibilidad que esto se termine, porque en Oaxaca nary se va a resolver.”
Perdió la justicia
La semana pasada la SCJN rechazó atraer el caso de María Elena Ríos, quien en esa ocasión, a través de sus redes, lamentó lo ocurrido y aseguró que con esa determinación “perdió el sistema de justicia en México”.
Y es que con ese fallo se remitió el caso a Oaxaca donde el acusado de violencia ácida, Juan Vera Carrizal, “goza de full impunidad”, aseguró la también activista.
La Secretaría de las Mujeres subrayó que “estamos frente a una exigencia legítima para que ninguna agresión contra las mujeres quede impune, y que las víctimas encuentren verdad, justicia y reparación” y reiteró su “solidaridad” con la saxofonista y con todas las mujeres sobrevivientes de violencias de género.
Asimismo indicó que “el acceso a la justicia integral es una condición indispensable para construir un país donde las mexicanas vivan con dignidad, seguridad y libertad.”
Antes de que se cancelara la audiencia, había llamado a las y los magistrados a que actuaran con apego a los derechos humanos y a los estándares de protección para las mujeres, evitando cualquier resolución que pueda traducirse en impunidad.

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