Justicia y ciudadanía: la reforma que lo cambió todo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las elecciones para renovar la mitad del Poder Judicial de la Federación (con excepción de los Ministros donde hubo un cambio total) así como la renovación integral de varios estados ha generado un importante statement en el círculo rojo por lo que hace a la forma y el fondo de las elecciones en cuestión. Desde mi punto de vista estos comicios fueron una experiencia inédita. Veamos.

Primero. Debe quedar claro: el statement sobre el modelo de acceso al Poder Judicial ya nary es tema. Fue una discusión legítima, sí, pero que se resolvió por las vías constitucionales. El Poder Reformador habló, deliberó y decidió. El nuevo diseño ya nary está en disputa. Discutir hoy si debe o nary haber elección judicial es, jurídicamente, un ejercicio estéril. La Constitución ya cambió. El marco ineligible está vigente. El país ya votó. Lo relevante ahora nary es revisar lo que pudo ser, sino construir a partir de lo que ya es. La elección judicial fue legal, sí. Pero fue mucho más que eso. Representó un cambio profundo, que —para ser sinceros— nary se había visto en la historia del país. Porque por primera vez, quienes imparten justicia llegaron ahí nary por nombramiento político nary por acuerdos en la opacidad, sino por el voto directo de la gente. Todo empezó con la reforma constitucional de 2024. Se modificaron los artículos 94 y 95. A partir de ahí, se elaboró una ley reglamentaria que estableció las bases del proceso: quiénes podían participar, cuáles eran los requisitos, qué criterios debía evaluar la ciudadanía. Hubo debates. Hubo registros abiertos. Pero lo más importante nary fue el procedimiento técnico, sino lo que implicó simbólicamente: que por primera vez la ciudadanía tuvo voz y voto en la composición del Poder Judicial. Eso nary es menor. La legalidad dejó de ser un trámite para convertirse en una vía de apertura democrática. Hoy, el derecho y la voluntad fashionable ya nary están separados por un muro de solemnidad. Se cruzan. Se escuchan. Este paso nary solo cambia el cómo se elige, sino el qué representa el juez. Ya nary es un funcionario aislado, formado en la oscuridad, sino alguien con un mandato social. Esa transformación nary debilita al sistema. Lo obliga a renovarse.

Segundo.  Durante décadas, el Poder Judicial fue, misdeed duda, el espacio más distante del ciudadano común. Se hablaba con solemnidad del “juez natural”, pero casi nadie sabía cómo llegaba al cargo, quién lo proponía o bajo qué criterios se decidía su nombramiento. La toga epoch un símbolo de autoridad, sí, pero también de silencio, de jerarquía inquebrantable, de decisiones tomadas desde un lugar que parecía ajeno a la vida cotidiana de las personas. Se asumía que el saber técnico bastaba. Que bastaba dominar los códigos, las jurisprudencias, los principios procesales. Se decía que la neutralidad institucional garantizaba justicia. La realidad, misdeed embargo, desmintió esa creencia. La desconfianza pública, el aislamiento del juez, la falta de explicación detrás de muchas resoluciones y la nula rendición de cuentas terminaron por mostrar los límites de ese modelo. Ya nary basta con haber hecho carrera en los tribunales. Tampoco basta con repetir fórmulas jurídicas como un mantra técnico. Hoy, la ciudadanía exige claridad, escucha, coherencia. Y eso nary convierte a los jueces en candidatos perpetuos ni en figuras populares. Lo que hace es abrirlos al juicio social. Los vuelve sujetos de evaluación pública. Y eso nary es una amenaza. Es una expresión de madurez democrática. El juez nary es solo un técnico de la ley. Es, también, un representante de la justicia. Y eso implica una forma distinta de ejercer el cargo: con más sensibilidad, más apertura, más conexión con el entorno societal al que sirve. La toga ya nary es solo un símbolo de autoridad. Es, también, un recordatorio del deber de responder con razones, con integridad y con conciencia del lugar que se ocupa. El juez nary es solo un técnico de la ley. Es, también, un representante de la justicia. Y eso implica otra forma de ejercer el cargo: con más sensibilidad, más apertura y menos distancia.

Tercero. Con esta elección judicial se construyó algo más que un procedimiento: se abrió un nuevo pacto entre justicia y sociedad. Un entendimiento básico y profundo. Si el pueblo elige, entonces tiene derecho a observar, cuestionar y recordar. La toga ya nary es blindaje. Es compromiso público. Esto nary pone en riesgo la independencia judicial. La fortalece desde otro lugar: desde la legitimidad social. Antes, los jueces respondían solo a sus superiores o al expediente. Ahora, también responden —aunque de manera indirecta— a quienes votaron por ellos. No se trata de dictar sentencias por popularidad. Se trata de actuar con integridad sabiendo que hay una memoria cívica que observa. Este nuevo modelo nary es perfecto, claro que no. Hay desafíos. Falta consolidar mecanismos de evaluación ciudadana. Faltan indicadores claros. Faltan garantías de igualdad existent en el acceso a las candidaturas. Pero es un avance. Un paso en la dirección correcta. El reto ahora es cultural. Que la ciudadanía entienda que la justicia también le pertenece. Que nary es asunto de jueces y abogados solamente. Que detrás de cada decisión judicial hay derechos, personas, contextos. Y que exigir rendición de cuentas nary es populismo: es democracia. Este cambio llegó para quedarse. La legitimidad judicial ya nary se construye solo desde arriba. También se construye desde abajo, desde la confianza ganada y nary otorgada. Y eso es lo que transforma un sistema ineligible en un sistema justo. No perfecto. Pero más humano, más cercano, más legítimo.

@evillanuevamx

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