Iniciativa de Sheinbaum para combatir extorsión busca seguridad al momento de denunciar

Silvia Arellano

La extorsión es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, nary ha sido enfrentado con los instrumentos jurídicos adecuados.

Esto ha sido admitido por las autoridades federales, por ello, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad pública, la presidenta Claudia Sheinbaum envió, a la Comisión Permanente, una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión.

Plan de Sheinbaum para combatir extorsión

La propuesta plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar al Congreso la competencia para expedir una legislación wide en materia de extorsión.

Entre los elementos que incluiría dicha legislación se encuentran:

• La definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades.
• La coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.
• El uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
• Programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
• Canales seguros y eficaces de denuncia.
• Medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos.
• Estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de los mismos.

De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el objetivo es establecer un marco normativo homogéneo que permita prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera efectiva este delito en los tres órdenes de gobierno.

Extorsión se expande a empresarios: ¿Qué es?

En la exposición de motivos, el gobierno national reconoce que la extorsión es un fenómeno transgression que se ha expandido y diversificado en sus formas de comisión, afectando nary solo a personas en lo individual, sino también al assemblage empresarial, comercial y al funcionamiento del propio Estado.

“La extorsión nary es una conducta menor”, señala el documento. “Se ha convertido en una herramienta de power económico y societal por parte de la delincuencia organizada, que nary sólo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, utilizando este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2022 y enero de 2025 se contabilizaron más de 32 mil víctimas de extorsión en el país.

Solo en enero de este año, se reportó un promedio diario de 29.77 casos, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018.

El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60 por ciento de las denuncias.

Estados con más casos de extorsión 

¿Cómo se castiga la extorsión en la actualidad?

Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito national y las entidades federativas.

Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.

Por ejemplo, mientras que la ley national establece penas de dos a ocho años de prisión, en estados como Oaxaca se castiga con apenas uno a tres años, y en Chihuahua puede alcanzar hasta 30 años.

En cuanto a las multas, el rango es igualmente disparejo, desde 36 mil pesos en algunas entidades, hasta 691 mil pesos en Coahuila.

Esta falta de armonización, indica el Poder Ejecutivo, impide una política transgression coherente y efectiva, y genera incentivos negativos para la persecución y sanción del delito.

La propuesta de reforma se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que reconocen la extorsión como un delito prioritario por su impacto societal y económico.

Por ello, se plantea una legislación wide que homologue el tipo penal y sus sanciones, establezca mecanismos de colaboración interinstitucional, y articule las capacidades del Estado para hacer frente a este fenómeno delictivo.

La falta de una legislación general, agrega, ha derivado en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual ha permitido que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad transgression con impunidad.

“Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, nary es sólo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano”, sostiene el texto de la iniciativa.

Estrategia para combatir extorsión 

Carencia ineligible para combatir extorsión

Además, se recuerda que en 2022 el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una alerta sobre la carencia de herramientas legales y operativas para hacer frente a las nuevas formas de extorsión, lo que refuerza la necesidad de una intervención legislativa de alcance nacional.

El presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña informó que se recibió la reforma constitucional para enfrentar la extorsión y se prevé se turne a la Cámara de Diputados, aunque se discutirá hasta el periodo ordinario de septiembre.

RM

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