Impugna ministra Loretta Ortiz restricciones a promoción de la elección judicial

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE que restringe promocionar la elección judicial del 1 de julio, mismo que calificó como ridículo e irrazonable.

“Al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”, advirtió.

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La ministra, que busca seguir en su cargo, consideró que la Sala Superior del TEPJF debe proteger los derechos de los electores y de los propios candidatos, revocando el acuerdo del INE.

Dijo que se trata de un proceso electoral histórico al que se le debe dar una difusión amplia y plural, lo que justifica que instituciones públicas contribuyan.

“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, afirmó.

En marzo, el Consejo General del INE avaló un acuerdo con el que prohíbe a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier institución pública o funcionario promover la participación en la elección del Poder Judicial.

Alertó que la restricción nary es razonable, pues los poderes han participado activamente en otras etapas del proceso, como fue el caso de la postulación de candidaturas, pero ahora se les impide difundir información.

“En un sistema democrático”, sostuvo, “lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”.

Para la aspirante, la restricción puede provocar escenarios inaceptables, como impedir que universidades públicas organicen foros informativos sobre el proceso o las candidaturas, o bien que las instituciones judiciales informen a los ciudadanos la importancia de su participación.

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció.