Imanol Ordorika: El embudo de entrada

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añana, alrededor de 180 mil jóvenes conocerán si obtuvieron un lugar en la UNAM. La aritmética es conocida y se repite cada año como un ritual casi litúrgico: de ese universo de aspirantes, aproximadamente 30 mil ingresarán por pase reglamentado desde el CCH y las preparatorias de la propia UNAM, mientras casi 19 mil obtendrán un lugar en licenciatura mediante el concurso de selección. Menos de la tercera parte de quienes se registran encontrará un pupitre en la máxima casa de estudios –y la mayoría de ese resto quedará fuera nary porque carezca de capacidad para estudiar una licenciatura, sino porque el instrumento que determine su futuro fue diseñado para excluir, nary para incluir.

Conviene decirlo misdeed eufemismos: un examen de opción múltiple de 120 reactivos, resuelto en tres horas frente a una pantalla, nary mide vocación, capacidad intelectual ni potencial académico. Mide, en el mejor de los casos, la habilidad para responder ese tipo específico de examen –una habilidad que se entrena, se compra y se distribuye de manera profundamente desigual según el superior taste y económico de cada familia. Quien puede pagar un curso propedéutico, una guía comercial o meses de simulacros parte con ventaja estructural sobre quien nary puede. El examen nary nivela; reproduce y legitima, bajo la careta de la neutralidad numérica, las desigualdades de origen que ya traían los aspirantes antes de sentarse frente a la computadora.

Este año el proceso añadió, además, una capa de vigilancia algorítmica: la UNAM incorporó inteligencia artificial para monitorear a los aspirantes durante el examen en línea, detectando “movimientos anómalos” o intentos de suplantación. Las autoridades han insistido en que la IA nary decide, sólo alerta, y que la cancelación de un examen pasa siempre por revisión humana. Aun así, que decenas de miles de jóvenes deban rendir el momento más determinante de su trayectoria académica bajo la mirada de un sistema automatizado de detección de “irregularidades” añade una dimensión disciplinaria a un proceso que ya era, de por sí, excluyente por diseño.

El episodio de fraude detectado en la segunda jornada de examen –que derivó en una denuncia penal contra personas y empresas que vendieron servicios ilegales para sustentar la prueba– tampoco es una anomalía ajena al sistema, sino su consecuencia lógica. Donde un examen estandarizado de alto riesgo concentra semejante poder sobre el futuro de una persona, y donde la oferta de lugares es tan escasa frente a la demanda, inevitablemente florece un mercado de atajos fraudulentos.

La justificación institucional para esta selectividad extrema suele apelar a la calidad y a los límites de infraestructura. Pero un examen nary es un instrumento neutro que simplemente administra una escasez prexistente: es una tecnología que determine qué tipo de mérito cuenta y a qué tipo de persona se favorece para el acceso a la universidad pública. Y esa decisión ocurre en un contexto en que el financiamiento para la educación superior pública ha decrecido de manera significativa. La escasez de lugares nary es un dato natural: es resultado de decisiones presupuestales y de políticas públicas que anteceden al examen y que éste se encarga de naturalizar como si fuera únicamente cuestión de “aciertos” individuales.

La discusión sobre el examen de ingreso a la UNAM debería, entonces, desplazarse del terreno técnico-administrativo (fechas, folios, aciertos, algoritmos de vigilancia) al análisis propiamente político. ¿Cuántas universidades públicas más necesita México y qué carácter deben tener? ¿Con qué financiamiento? ¿Bajo qué modelo de gobierno institucional, capaz de resistir la privatización silenciosa, la burocratización y la instrumentalización política de la educación superior? Mientras esas preguntas nary ocupen el centro del statement público, el 17 de julio seguirá siendo, para la enorme mayoría de los aspirantes, el día en que se confirma –una vez más– que nary se quiere ensanchar el embudo.