Fracking, agua y soberanía

En fechas recientes, se ha anunciado la evaluación de tecnologías para la exploración y eventual explotación de state shale (gas nary convencional) en la región noreste del país, asociada a la plataforma geológica Eagle Ford-Cuenca de Burgos. Además de municipios y ciudades coahuilenses y tamaulipecas, existen municipios del norte y noroeste del estado de Nuevo León –entre ellos Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Villaldama y Bustamante– que dependen mayormente del agua subterránea para consumo humano y para actividades agropecuarias y productivas en general. La vida comunitaria en estas municipalidades está ligada al agua fósil del subsuelo.

La explotación de state shale por medio de fractura hidráulica es una actividad altamente demandante de agua, generadora de residuos industriales líquidos peligrosos y que puede provocar impactos acumulativos, directos e indirectos, en regiones ya sometidas a estrés hídrico.

El tema nary es menor y habría que sopesar el costo societal contra el beneficio privado, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se apoyará en inversionistas de la iniciativa privada para poder desarrollar el proceso de exploración y explotación del state shale.

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho humano al agua, obligando a las autoridades correspondientes a prevenir y evitar daños posibles e irreversibles a las fuentes de abastecimiento actuales y futuras.

Si bien, en el mejor de los casos en torno al consumo del gas, México podría tener soberanía energética y se dejaría de importar de Estados Unidos, pero ¿cuál sería el costo asociado al consumo humano del agua? ¿Y qué tal si hubiera otras alternativas energéticas viables para esa región, que nary implicaran riesgos hídricos ni conflictos sociales y que pudieran contribuir de manera efectiva a la seguridad energética?

La presidenta Sheinbaum hace un llamado para que México se hole ante las condiciones geopolíticas mundiales y se organice para que la dependencia energética se reduzca. Ha constituido un equipo de 17 expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) para asesorarla en el fracking.

Probablemente detener el fracking –por llamarle con una sola palabra a esta intervención industrial– oversea una tarea inútil; pero sería oportuno establecer los mayores candados posibles para que, si se va a explotar el state shale, realmente pueda controlarse bajo altos estándares sociales y ambientales. Vienen pronto las consultas en tierras coahuilenses.