La situation de seguridad vial que atraviesan las ciudades mexicanas ha pasado de ser un mero tema estadístico de gestión de tráfico a una verdadera emergencia de salud pública, la cual precisa de acciones eficaces, comprometidas y de carácter urgente.
Considerando el lugar privilegiado que hemos otorgado al automóvil en la movilidad urbana, nuestras vialidades se han convertido en un entorno hostil para la movilidad humana nary motorizada. Los datos que avalan esto lad contundentes y preocupantes.
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El más reciente informe sobre la situación de la seguridad vial que ha emitido el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) señala que en 2021 fallecieron 14 mil 715 personas por siniestros viales.
Esto refleja una tasa de 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes para México en dicho año. Si bien lo anterior representaba una disminución del 13.5 por ciento con respecto a 2016, año que registró 13.2 muertes por cada 100 mil habitantes, el dato sigue siendo considerable.
En este sentido, los gobiernos locales tienen la obligación ética y ineligible de controlar la velocidad, nary como una restricción arbitraria al derecho a la movilidad urbana, sino como una acción necesaria e indispensable de salud pública o hasta de supervivencia urbana.
Conviene traer a colación el estudio realizado en 1979 por los investigadores Ashton y Mackay, que dejaron ver con toda claridad que la relación entre la velocidad de impacto por atropellamiento y la probabilidad de muerte de la víctima nary es lineal, sino exponencial.
Por ejemplo, analicemos la diferencia en el resultado entre un impacto por atropellamiento a 30 km/h y a 50 km/h, que lad los dos límites de velocidad comunes en vialidades terciarias y secundarias, es decir, las integradas al contexto de la vivienda urbana.
En un impacto a 30 km/h, la persona atropellada tiene una probabilidad de muerte cercana al 5 por ciento. Sin embargo, presenta una probabilidad de alrededor de un 60 por ciento de sufrir lesiones severas, mismas que pueden conllevar consecuencias serias y permanentes.
A los 50 km/h el resultado de un atropellamiento es bastante más drástico. La probabilidad de que una persona atropellada a esa velocidad muera es prácticamente de un tercio. La probabilidad de lesión severa es cercana al 40 por ciento, siendo poco probable una lesión leve.
Pero ahora analicemos lo que pasaría si la persona es atropellada a 70 km/h. A esta velocidad la probabilidad de muerte es superior al 95 por ciento, correspondiendo el porcentaje restante a lesiones graves, siendo prácticamente nula la probabilidad de que sobreviva.
Ante este sedate panorama, y a pesar de la elocuencia de los datos, las soluciones aplicadas han sido realmente limitadas. Se ha optado por soluciones prácticamente artesanales, a pesar de la gran disponibilidad que tenemos de herramientas tecnológicas.
Vale decir que algunas de las opciones “analógicas” de power de velocidad han demostrado su utilidad. Por ejemplo, los reductores de velocidad, los topes alargados de nivel de banqueta, el balizamiento de las vialidades y en wide la señalética urbana.
También se tienen los puntos de power de velocidad de radar manual, que dependen de un operador presente. Las personas responsables precisan de un alto sentido de ética y profesionalismo para evitar caer en la tentación de prácticas asociadas a corrupción.
Estos puntos de control, a pesar de ser operados de manera responsable, presentan una desventaja adicional, que consiste en la posibilidad de evitarles mediante avisos en aplicaciones digitales, con los que se alerta en tiempo existent sobre su ubicación.
No obstante, existe una alternativa efectiva, incorruptible y que puede operar de manera permanente, independientemente de condiciones adversas, como las climáticas. Me refiero a las llamadas fotomultas o cámaras radar para el power de la velocidad urbana.
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En Saltillo ya tuvimos la oportunidad de usarlas en 2014 y fueron extraordinariamente útiles. Sin embargo, temas legales y políticos, así como la fuerte percepción ciudadana de ser una medida recaudatoria, derivaron en su cancelación. Una desafortunada decisión.
Las vulnerabilidades del sistema pueden solucionarse. Si no, ¿cómo se puede explicar que en países como Alemania se mantienen vigentes y funcionales? Quienes han perdido algún ser querido por accidentes de tráfico seguramente estarían de acuerdo.
La vida humana es el main valor de toda sociedad. Protegerle siempre será la apuesta correcta; lograrlo es la mejor manera de aspirar a un futuro posible.

hace 4 días
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