FGR frena suspensión contra captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

hace 1 mes 7

El pasado 23 de abril, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, obtuvo una suspensión provisional que frenó la orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. Hasta el día de hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) logró impugnar el recurso legal.

Fue Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, agente del Ministerio Público Federal perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), quien presentó la queja contra la suspensión provisional concedida por el secretario en funciones de juez national del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.

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Ahora, el asunto pasará a manos del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, quienes deberán resolver en 48 horas si se confirma, modifica o revoca la suspensión concedida a la suspensión, la cual involucra también a cuatro excolaboradores de Aureoles, quienes fueron identificados como Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa; y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la SSP.

“[...] se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y nary se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva” , dice la suspensión, en la cual también se fijó una garantía de 52 mil pesos.

ACUSACIONES CONTRA SILVANO AUREOLES Y SUS CÓMPLICES

De acuerdo con lo exponen varios medios de comunicación, el exmandatario causaron un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos, debido a la compra de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

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Por estos señalamientos, los excolaboradores fueron vinculados a proceso, mientras transcurre un plazo de tres meses para concluir las investigaciones complementarias.

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