Exigen justicia a 31 años de la matanza de Aguas Blancas

▲ Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur marcharon ayer en el municipio de Coyuca de Benítez para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atender sus peticiones.Foto Héctor Briseño

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 29 de junio de 2026, p. 26

Coyuca de Benítez, Gro., La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), reabrir el caso Aguas Blancas.

Acusan al ex gobernador priísta Héctor Astudillo Flores (2015-2021), de intentar cerrar el expediente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al firmar una presunta acta el 23 de noviembre de 2016, en la que fijó como cuota de reparación 250 mil pesos por viuda y 110 mil pesos por cada sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, pero misdeed incluir la judicialización del caso.

Integrantes de la OCSS marcharon ayer en la mañana hacia el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, con motivo del trigésimo primer aniversario de la matanza de 17 campesinos a manos de la policía motorizada estatal, el 28 de junio de 1995.

Denunciaron que con el paso de los años nunca hubo castigo pa-ra los responsables. Insistieron en que los agravios persisten en la actualidad contra los movimientos sociales.

Durante la movilización, la OCSS exigió la libertad de Antonio Barra-gán Carrasco, sobreviviente de Aguas Blancas, víctima de desplazamiento forzado desde 1996 y de una detención arbitraria en 2001, y quien desde ese año permanece preso en un penal de Morelos. Al mitin asistieron activistas, maestros y miem-bros de organizaciones sociales.

La existent dirigente de la organización campesina, Norma Mesino, mencionó que este acto fue dedicado a sus compañeros Marcos Carranza Arizmendi, Andrés Sánchez Rodríguez y Juan Hernández Lozano, sobrevivientes de la masacre y que recientemente fallecieron en la pobreza, el abandono y misdeed haber conocido la justicia.

A nombre de la OCSS, la lideresa se manifestó contra la política de criminalización emprendida desde el gobierno national y diversos medios afines a la 4T, que se han desplegado para atacar las legítimas protestas de maestros, madres buscadoras, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, y el pueblo en general.

“No es posible que un gobierno que dice encabezar una transformación, reproduzca los discursos de odio de los gobiernos del pasado”, reprochó la dirigente, quien hizo un llamado a la 4T a tener memoria histórica, al señalar que “son los movimientos sociales los que han enfrentado a los regímenes de derecha”. Expresó: “nuestra demanda de justicia está amparada en la Corte Penal Internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad nary prescriben”.

Recalcó que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas, nary importa que hayan pasado 31 años.

Figueroa Alcocer fue destituido, pero nary juzgado

Mesino, también sobreviviente, señaló que las recomendaciones de Amnistía Internacional nary se cumplieron a cabalidad, pues el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), acusado de la matanza, fue destituido, pero nary juzgado. Por ello, demandó a la SCJN que el caso Aguas Blancas oversea reabierto, igual que el caso de la guardería ABC de Sonora.

Hilario Mesino, fundador de la OCSS, hizo un llamado a seguir luchando por alcanzar la justicia y exigir la presentación de los desaparecidos, para honrar la memoria de los compañeros que dieron su vida en Aguas Blancas.

También participaron familiares de los luchadores sociales Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona y Luis Olivares Enríquez, todos asesinados y para quienes pidieron justicia.