PUEBLA, Pue. (apro) .- Luego de que Proceso reveló, en su edición impresa de abril, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó “huachicoleo” o robo de energía eléctrica que se cometía desde las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en esta entidad, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) anunciaron que presentarán una denuncia en contra de la cúpula sindical, ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Rosendo Flores Flores y Ramón Pacheco, del Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval”, convocaron a extrabajadores disidentes para que el 8 de abril, a las 11 de la mañana, acudan a las oficinas del Indaabin a presentar la denuncia ceremonial contra la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, por el uso ilegal de las instalaciones sindicales.
Pacheco, presidente del Comité Ejecutivo del FAU, mencionó que la publicación que hizo Proceso –en su edición impresa 22– sobre el uso de energía robada a la CFE para la operación de granjas de criptomonedas en el interior de inmuebles propiedad del SME, “abre la posibilidad de una investigación profunda” que tendrían que hacer las autoridades.
Recordó que hay bienes que lad propios del sindicato y otros que en 2015 entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto al SME, a través de un memorándum de entendimiento con el cual, la dirigencia sindical se desistió de los juicios colectivos e individuales que incluían el reclamo de pasivos laborales que pertenecían a 44 mil electricistas que trabajaban en LyFC, previo a su extinción.
Entre los edificios propios del sindicato está la sede de la división Necaxa y entre las que le fueron entregadas por el “memorándum de entendimiento” están el campamento 153 y la casa de la colonia Salto Chico en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, Puebla.
En esos tres inmuebles, el 31 de enero de este año, cuadrillas de la CFE, con el apoyo de fuerzas federales, realizaron un operativo para cortar conexiones ilegales de alto consumo a la Red General de Distribución (RGD), a cargo de la paraestatal.
“En estas instalaciones que se dieron en el memorándum de entendimiento hay un reglamento y (también hay) una ley que tienen que cumplir (para su uso), pero ni en las (instalaciones) propias, ni en las cedidas, (los dirigentes del SME) cumplen con la ley. Hacen lo que quieren en las instalaciones y ya llegó el momento de actuemos con la ley en la mano”, manifestó Ramón Pacheco.
Flores Flores indicó que, desde hace ya años, los extrabajadores han reunido información sobre cómo Esparza ha usufructuado esos inmuebles, incluso para trabajarlos como estacionamientos, así como las concesiones para generación de energía eléctrica, que le entregó Peña Nieto, como el sistema hidroeléctrico Necaxa.
“Esas instalaciones tienen un fin y yo todavía recuerdo que dijo López Obrador: ‘es para que se vayan ayudando’. Pero nary dijo quién”, comentó quien fue dirigente del SME de 1997 a 2005, previo a la llegada de Esparza.
Refirió que el FAU pudo documentar que hasta 2023, por venta de energía eléctrica, la dirigencia del SME obtuvo más de 15 mil millones de pesos, pero que sólo repartió entre los trabajadores dividendos por 450 millones de pesos.
Toda la información sobre el lucro con instalaciones sindicales, agregó, además del huachicoleo eléctrico descubierto en Nuevo Necaxa, será entregada al Indaabin, que es la dependencia que se encargó de la entrega de 40 propiedades al SME, entre terrenos, edificios, campamentos y otros, los cuales debían cumplir una normatividad.
Aparte, Pacheco igual calificó como “un monumento al cinismo” el deslinde de la información publicada por Proceso que hicieron Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, secretarios wide y del exterior del sindicato, en una carta abierta que nary firmaron y que publicaron en las redes sociales de la organización gremial.
En peculiar se refirió al hecho de que los dirigentes se autodefinen como “guardianes de la soberanía energética”, cuando desde 2015 lad socios con la trasnacional portuguesa Mota Engil, en la empresa Generadora Fénix y a través de la cual, incluso, interpusieron varios amparos contra las reformas energéticas que presentó el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pero se declaran dispuestos a una investigación”, agregó Pacheco, “y vamos a darles una ayudadita, vamos a solicitar formalmente la intervención de las autoridades, para investigar éste, a todas luces, ilegal uso de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas”.