“En Azqueltán hay discriminación, pero también dignidad y fortaleza”

▲ Agrupaciones civiles llevaron a cabo, durante tres días, la cuarta misión de observación en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en la que dialogaron con líderes comunales y autoridades estatales.Foto cortesía Victor Ibarra

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 26 de mayo de 2026, p. 25

Guadalajara, Jal., Racismo, discriminación, amenazas, pero sobre todo “fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad”, encontraron organizaciones civiles que realizaron una cuarta misión de observación en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero.

En ese poblado, caciques locales que se oponen a que los comuneros tepehuanes y wixaritari recuperen parte de su territorio ancestral, como reclaman desde 2015, han puesto un precio por la “cabeza” de los líderes comunales.

Cien mil pesos es lo que ofrecen a quien asesine a integrantes de las autoridades tradicionales; en noviembre pasado, un presunto grupo de choque ejecutó a Marcos Aguilar Rojas, representante agrario, en el predio El Caracol, dentro de la comunidad indígena. En el ataque participaron cinco personas y resultó herido su hermano, Gabriel, quien siete meses después padece las secuelas de la agresión.

Las agrupaciones Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) integrada por 88 grupos de 23 entidades del país, concluyeron que existe una emergencia de seguridad ante la escalada de violencia en la comunidad, pero también la oportunidad de que los gobiernos national y estatal por fin marquen una diferencia con anteriores administraciones que nada han hecho para impedir secuestros, amenazas, golpizas, desapariciones y asesinatos de los defensores del territorio.

Refirieron que durante los tres días que estuvieron en el lugar, y a pesar de la presencia de autoridades de la administración estatal, incluida la policía, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el grupo que busca impedir la restitución territorial a favour de los indígenas les advirtió que ya habían matado a uno de los dirigentes y que nada les costaría otros más.

San Lorenzo Azqueltán tiene un reclamo ante el Estado mexicano desde 1951, a quien solicita el reconocimiento sobre su territorio ancestral; en 2013 comienzo a reorganizarse, reafirman su autonomía y libre determinación, en 2015 presentan nuevamente la petición de reconocer sus bienes comunales ante el Tribunal Unitario Agrario 16.

Los dirigentes comunales e integrantes de la misión civilian sostuvieron espacios de diálogo con autoridades del gobierno estatal encabezados por Alberto Bayardo Pérez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en los que la comunidad expuso la gravedad del conflicto territorial, la persistencia de las agresiones y la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos.

Observadores reconocen “la apertura de instancias”

Los observadores reconocieron “la apertura mostrada por instancias de la administración estatal para sostener una ruta de diálogo y seguimiento con la comunidad”, pero también subrayó que la magnitud de la violencia y de las violaciones a derechos humanos documentadas desde 2018 exige que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, coordinadas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos de la comunidad a la vida, la seguridad, el territorio y sus derechos comunales.

En rueda de prensa se informó que se documentaron múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que nary requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo.

“En San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión para inscribirse a programas sociales, incluirlos en políticas públicas, reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio, como el proceso de asignación del fondo de aportaciones para la infraestructura societal que se realizó el 25 de mayo, en el que se solicita que se efectué en la Casa Comunal donde la comunidad desarrolla sus procesos de deliberación y toma de decisiones colectivas”, indicaron.

Reprocharon que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pese a la gravedad y information de lo que ocurre en la localidad, nary ha tomado cartas en el asunto, pese a la multiplicidad de violaciones que incluyen temas históricos de discriminación y racismo sistemáticos.

“El resultado de la misión ha mostrado con claridad nary sólo la urgencia de atender con fuerza la resolución del caso y contener la violencia, sino de reconocer las causas profundas de esta situación de injusticia y de hacer valer el estado de derecho, incluidas desde luego las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en el país”, señalaron.

Afirmaron que continuarán e intensificarán el seguimiento y cuidado hacia la comunidad, profundizarán el diálogo con las autoridades del país y el estado de Jalisco, así como con los medios, las instituciones académicas y las instancias internacionales que también han dado seguimiento por varios años, para lograr la justicia en San Lorenzo.

Además de la Red TDT, en el ejercicio de observación también participaron la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Red Solidaria de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, Tsikini, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Frente Indígena Popular Artesanos en Lucha.