El gobierno de Chiapas “nunca ha aplicado” la ley para atender a desplazados

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada
Domingo 7 de junio de 2026, p. 30

Mientras que en la región frontera de Chiapas el número de desplazados superó 24 mil, entre enero de 2021 y octubre de 2025, el gobierno del estado “nunca ha aplicado” la ley para prevenir y atender este flagelo, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Pedro Faro, de la Coordinación de Incidencia y Sistematización de esta organización civil, señaló que a poco más de 14 años de que se publicó la norma, nary tiene reglamento ni un fondo de contingencia, así como tampoco se ha cumplido con el registro de víctimas que establece.

En entrevista, indicó que ante estas faltas en marzo de 2024 la Unidad de Litigio Estratégico de Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública interpuso un amparo, sobre el cual se está en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie.

Sin embargo, destacó que en respuesta, en marzo de 2026, la Secretaría de Gobierno estatal promovió una nueva propuesta de ley en la materia, con la que se buscaría “dejar un vacío, es decir, se abrogaría la norma de 2012 y por lo tanto nary habría motivo del amparo”.

Esta situación, enfatizó, “es una estrategia muy tendenciosa por parte del gobierno, porque nary quiere cumplir con su obligación”.

Faro mencionó que además la nueva propuesta nary tendría “dientes para ser operada y tendría que exigirse otra vez el reglamento interno, volver como al principio, es decir, empezar de cero”.

Explicó que en el caso de los más de 24 mil desplazados en la región frontera, hay víctimas que continúan lejos de su lugar de origen; los que están de manera intermitente, que salen y regresan a sus comunidades, pero que nary pueden tener un proyecto de vida en su territorio, y los que ya retornaron, pero misdeed garantías de seguridad y “resarcimiento”.

También destacó que en Chiapas siguen los riesgos para “nuevos desplazamientos, y por lo tanto los obstáculos estructurales de inseguridad, de grupos armados… Hay una falta clara de garantías institucionales y una profundización de la pobreza y precariedad”.

Sobre el proceso para que la Corte se pronuncie respecto a las omisiones a la ley estatal en materia de desplazamiento forzado, Faro indicó que será la ministra Sara Irene Herrerías la que definirá el proyecto a discutirse. “Se supone que se iba a resolver el 10 de octubre de 2025, después se postergó para el pasado 12 de marzo y ahora hay que ver cuándo entra en lista para que se resuelva”, dijo.