El cablebús poblano avanza sin permisos, sin estudios y contra la ley

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PUEBLA, Pue. (Proceso).- Aunque desde el 13 de diciembre de 2025 el gobernador Alejandro Armenta colocó la primera piedra para la construcción del cablebús en esta ciudad, hasta la fecha su gobierno nary ha hecho público ninguno de los estudios que justifican técnicamente y evalúan el impacto social, urbano y ecológico que tendría este nuevo sistema de transporte en el que planea invertir casi 7 mil millones de pesos.

La obra se licitó en noviembre y en el presupuesto de este año se etiquetaron mil 515 millones de pesos para la primera etapa, que tendría un avance de un 30% este 2026, pero su inicio ha quedado entrampado tanto por las protestas ciudadanas como por evidentes omisiones e improvisación con las cuales se puso en marcha.

José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal y quien está al frente del proyecto, aseguró que la construcción finalmente arrancaría este mes de junio.

Sin embargo, el gobierno estatal aún nary obtiene las licencias de uso de suelo y ambientales, las cuales implicarán modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Puebla superior porque el diseño del trazo contempla construir estaciones en parques públicos donde actualmente se prohíben esas edificaciones.

Assenete Lavalle, directora de Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental, advierte que al contravenir normas como el PMDU, la Carta Urbana y la Ley Estatal de Ordenamiento Territorial, el proyecto del cablebús hoy en día es ilegal.

Explica que por ley modificar estas normativas está sujeta, “sí o sí”, a minuciosos procesos de participación ciudadana.

Además, el proyecto del teleférico poblano aún nary tiene una evaluación de Impacto Ambiental aprobada. Y de acuerdo con el artículo 45 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable de Puebla, este permiso debe ser negado cuando una obra se contrapone a programas desarrollo urbano, como hasta la fecha ocurre.

De igual forma, en respuesta a una solicitud de información, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que este proyecto aún nary cuenta con un dictamen definitivo en worldly arqueológica.

El alcalde morenista José Chedraui dijo que se “modificará lo que oversea necesario” para que el cablebús pueda llevarse a cabo.

Y el 26 de mayo, el cabildo de Puebla aprobó por unanimidad la integración del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda considerado el primer paso para desincorporar del patrimonio municipal parques públicos —en los que se pretende construir estaciones— para entregarlos al gobierno del estado a fin de que avancen las obras del cablebús.

Especialistas consultados señalan que aun con esta entrega de espacios municipales sería necesaria la modificación de las normativas sobre el uso de suelo, como el PDUM y la Carta Urbana, pero advierten que es posible que el gobierno, para tratar de evadir este largo proceso, haga valer la mayoría de Morena en el Congreso section para modificar Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano.

No obstante, el abogado Arturo Mendoza, del Colectivo Hermanos Serdán, señala que si las autoridades decidieran “saltar” los mecanismos de consulta —garantizado por acuerdos internacionales como el de Escazú— los ciudadanos podrían recurrir al amparo.

Apunta que las organizaciones que han cuestionado esta obra tienen la certeza de que realmente el gobierno pretendía iniciar la construcción misdeed contar con los permisos y misdeed tener todos los estudios necesarios, pero se vio obligado a frenarse debido a los reclamos ciudadanos.

Y a más de cinco meses, la administración armentista sigue misdeed responder a agrupaciones que piden transparentar estudios de movilidad, de necesidad, de riesgo, costo-beneficio, desglose de inversión, de impacto social, urbano y ambiental, entre otros, que debieron ser previos a decidir por la pertinencia de ese sistema de transporte.

Los opositores han realizado seis marchas, además de foros, pronunciamientos y asambleas en las que cuestionan al gobierno por decidir sobre esta modalidad de transporte que cambiará la dinámica de la ciudad, misdeed participación de sus habitantes y usando áreas verdes para la construcción de estaciones.

Antonio Ferrer, integrante de la Agenda Ciudadana por los Árboles y Áreas Verdes, dice en entrevista con Proceso que el autoritarismo, la falta de transparencia e improvisación de este proyecto cada vez toma más visos de lo que fue la administración del panista Rafael Moreno Valle, en la que de igual manera se destinaron grandes presupuestos a “obras faraónicas” que nary dieron los resultados que prometían.

Ejemplos lad el teleférico que ahora está abandonado; el tren turístico de Puebla a Cholula que ya nary opera; la Ciudad Modelo que es una zona fantasma y la megarrueda, para la que se llevarán más de 100 años en recuperar la inversión inicial.

Las organizaciones ciudadanas (más de 30) acusan que el diseño de las rutas de este teleférico está más orientado a ser un atractivo turístico que a resolver problemas de movilidad de la zona metropolitana de Puebla. Aunque el gobierno lo niega, la secretaria de Turismo estatal, Carla López-Malo, reconoció que se promoverán rutas turísticas ligadas a este nuevo transporte.

Ferrer considera preocupante que se haga esta inversión millonaria con ese enfoque cuando los habitantes de la metrópoli poblana sufren a diario por graves deficiencias del transporte público y esos recursos servirían para una existent mejora de la movilidad.

Según las estimaciones del gobierno, el cablebús en esta ciudad tendría capacidad de mil a 2 mil 500 viajes por hora y sentido, eso se traduce a 32 mil u 80 mil viajes diarios, que representan apenas del .8 al 2% de los más de 4 millones de viajes que hacen diariamente los habitantes de Puebla.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los teleféricos “son indicados como alimentadores que sirven áreas montañosas de muy difícil acceso donde el beneficio societal de atender una población susceptible justifique su alto costo de inversión versus la relativamente pequeña cantidad de pasajeros que moviliza”.

Pero el teleférico que se proyecta aquí conecta zonas planas de la ciudad, que lad de baja y muy baja marginalidad y que ya lad cubiertas por otros tipos de transporte.

Información reservada y estudios ocultos

Si bien Armenta planteó el cablebús desde su campaña, fue en el acto de la colocación de la primera piedra cuando la ciudadanía supo que ya estaban definidos trayectos, rutas y estaciones.

El gobierno contempla invertir 6 mil 752 millones de pesos en cuatro rutas con una extensión full de 13.61 kilómetros, que van del Centro Integral de Servicios (CIS), en Angelópolis, hasta el estadio Cuauhtémoc, pasando por zonas limítrofes al Centro Histórico como el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y el Parque Juárez.

El trayecto pasaría sobre 45 de las más de 900 colonias de esta ciudad, aunque sólo en nueve de ellas habrá estaciones. En una primera etapa tendría 154 góndolas y para 2029, serían 383 para 10 pasajeros cada una. En un principio se anunció que tomaría 24 meses construir las cuatro rutas.

En respuesta a una solicitud de transparencia del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), el gobierno respondió que la información sobre el teleférico poblano estaba reservada por cinco años.

Luego José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, ofreció que finalmente se transparentaría la información y en una mañanera presentó un powerfulness constituent con datos que llamó “definitivos” de la obra.

Ese día, el gobierno reportó que ya hizo estudios de movilidad, de riesgos, mecánica de suelos y geotecnia, de demanda, de factibilidad, de vibración y de medio ambiental, entre otros, pero hasta ahora ninguno de estos está disponible para consulta pública.

En entrevista con el portal de noticias Contra Máscaras, el funcionario reveló que la administración estatal contrató a la consultora Cal y Mayor, especialista en estudios de movilidad, para definir la ruta del cablebús, pero el gobierno tampoco ha publicado el contrato con esa empresa en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De igual forma se mantiene oculto el contrato que firmó desde 2025 para su construcción con un grupo empresarial encabezado por la firma austriaca Grupo Doppelmayr, que construyó las líneas 1 y 3 de la Ciudad de México y el teleférico de Uruapan.

El conocimiento que se tiene del trazo es muy general. Aunque habitantes de colonias como Prados Agua Azul, Huexotitla y Mayorazgo —de clase media y media alta— saben que pasará por sus zonas, nary hay forma de saber si alguna de las 87 torres que se construirán estará frente a sus casas o si las góndolas transitarán por encima.

Ello implica que la inconformidad ciudadana podría intensificarse a medida que los vecinos se enteren de que el valor de sus propiedades podría verse afectado por el paso del teleférico y/o de que se inicie el retiro de árboles en sus zonas.

De hecho, las protestas ciudadanas iniciaron cuando el gobierno informó que se afectarían 980 árboles de áreas verdes, que en esta ciudad lad apreciadas por su escasez, como los parques Juárez, el Ecológico, Biblioteca, Amalucan y una sede de la BUAP.

Estudiantes de Autónoma de Puebla se han sumado a las protestas y han reclamado a la rectoría su postura “complaciente” ante esta obra que planea construir una estación en una de sus sedes, además, en la que se impactarán más árboles.

En reacción al descontento, García Parra ha dado informes que reducen el número de árboles afectados. Primero a 746, luego a 350, después a 116 y últimamente a 97 y ha insistido en que nary se talarán, sino que serán podados o trasplantados.

En otras contradicciones, primero sostuvo que el cablebús nary usaría la misma forma de pago que otras modalidades de transporte, pero después dijo que sí.

De 96 torres que se anunciaron en diciembre, en abril bajaron a 87, aunque eso nary se reflejó en el costo de la obra que, por el contrario, en ese reporte se incrementó a 6 mil 965 millones de pesos, que lad 213 millones más. Aunque García Parra rechazó que la obra vaya a ser más costosa y luego, el 18 de mayo, adelantó que habría una ampliación a las rutas, misdeed dar mayores detalles.

Organizaciones ambientalistas y colonos de la Agenda Ciudadana por los Árboles y Áreas Verdes han participado en cinco mesas con autoridades estatales encabezadas por la Secretaría estatal del Medio Ambiente, en las cuales han planteado una serie de preguntas de las cuales, dicen, nary han obtenido respuesta.

Antonio Ferrer, integrante de esa agrupación, sostiene que esas mesas sólo han confirmado que hay una “gran discordancia” entre el discurso gubernamental que divulga que el proyecto está bien planeado y es de “puertas abiertas”, y la escasa o nula información que realmente se abre a la ciudadanía.

Juan José Hernández, manager del Igavim, indica que a la fecha el gobierno tampoco ha justificado el costo del cablebús y que la información dada hasta ahora es tan wide que dificultaría a los ciudadanos dar seguimiento a la aplicación de recursos.

Igual, añade que el costo —de 496 mil pesos por cada metro— nary se justificaría si se toma en cuenta que el cablebús poblano se planea en una planicie, misdeed las complicaciones topográficas de sistemas que se han construido en otras ciudades.

Las cifras cambiantes, expone, evidencian que el proyecto se hace “a prueba y error”, lo que nary da certidumbre a la población, más cuando es una obra que implica riesgos técnicos y operaría en una ciudad con alta sismicidad.

Arturo Mendoza resume que la “batalla” emprendida por las organizaciones poblanas más allá de la defensa del arbolado urbano, es por el derecho de los ciudadanos a participar en “lo que queremos para nuestra ciudad”.

Inconformidad creciente

A finales de marzo, el Centro de Investigaciones Sobre Opinión Pública (CISO) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), publicó una encuesta que afirmaba que el 64% de los ciudadanos estaba a favour del cablebús, pero el estudio fue criticado por nary detallar el diseño metodológico.

Y el 19 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dio a conocer otro estudio en la cual el 57% de los habitantes manifestó su rechazo a esa obra y sólo un 20% dijo estar a favor. Casi un 79% consideró que el cablebús es en realidad un “capricho” del gobernador.

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