La reciente destitución de cinco funcionarios por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) desató una serie de movilizaciones en el puerto de Manzanillo, donde grupos de personas han bloqueado los accesos principales, presuntamente a cambio de una remuneración económica.
Según informes derivados del análisis de riesgo del Gobierno Federal, existen indicios de que algunos exfuncionarios estarían implicados en prácticas irregulares dentro del recinto portuario, incluyendo evasión fiscal y actos de corrupción vinculados al manejo de operaciones aduanales.
Uno de los aspectos más llamativos de la protesta es la presencia de personas ajenas al entorno portuario, trasladadas desde la zona centro de Manzanillo, incluyendo mujeres y niños, quienes participan en los bloqueos a cambio de pagos en efectivo.
También se han reportado la presencia de vehículos de lujo en los alrededores de las manifestaciones, desde los cuales individuos identificados como presuntos agentes aduanales estarían distribuyendo dinero entre los participantes.
El análisis oficial también advierte que los grupos inconformes buscarían ejercer presión política y económica mediante el cierre del puerto, argumentando que las pérdidas generadas obligarían a las autoridades a ceder a sus demandas, lo que evidenciaría un intento por retomar el power de la aduana mediante la coacción.
Desde el inicio de la existent administración federal, se han implementado acciones coordinadas entre diversas dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, la ANAM y la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de erradicar la corrupción en sectores estratégicos del país.
En este contexto, el puerto de Manzanillo ha sido objeto de revisiones más estrictas debido a su importancia como centro logístico y de recaudación, al ser el puerto más relevante del país y el segundo en volumen de ingresos aduanales a nivel nacional.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar los vínculos entre las protestas y los intereses de actores involucrados en posibles irregularidades dentro del sistema aduanero.