El aumento de la deuda amenaza la sostenibilidad fiscal para 2026, alertan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de la aprobación del Paquete Económico 2026, la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (Cijuf) señaló que hay preocupación por el rumbo que está tomando el país en materia de endeudamiento y gasto público. 

De acuerdo con un análisis del organismo, lo “más alarmante” es el incremento del endeudamiento en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) previsto para el próximo año. 

De hecho, la preocupación parte también de lo sucedido en los últimos años, cuando el tamaño de la deuda pasó de representar el 43.3% del PIB en 2019 a 52.3% en 2025, lo que implica un aumento de nueve puntos porcentuales en apenas seis años. 

“En primer lugar, alertamos sobre la trayectoria ascendente del endeudamiento público, que amenaza la sostenibilidad fiscal”, se lee en el documento. 

La Comisión también subrayó que el país enfrenta un aumento de la rigidez presupuestaria que “limita gravemente la capacidad de maniobra del Estado”.  

Según el análisis, alrededor del 80% del gasto neto full se destina a pensiones, servicio de la deuda, transferencias federales y empresas públicas, lo que deja un margen muy reducido para invertir en salud, infraestructura y cuidados. 

Un ejemplo para 2026 es el presupuesto destinado apenas alcanzará el 2.6% del PIB, una cifra muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“Esto ocurre en un contexto en el que el gasto de bolsillo creció 40% entre 2018 y 2024”, destacó el organismo. 

Pemex, el gran lastre 

El Cijuf hizo énfasis en los apoyos financieros que continúa recibiendo Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales representan una carga significativa para las finanzas públicas.  

Entre enero de 2019 y septiembre de 2025, la petrolera ha recibido apoyos por 380 mil millones de pesos, y se prevén otros 263 mil millones para 2026. 

Según el organismo, estos recursos destinados a Pemex “reducen los fondos disponibles para sectores sociales estratégicos y retrasan la transición energética”. 

Esto refuerza la necesidad de replantear las prioridades del gasto público, señaló la institución.