Editorial: Comisión de verificación: sanear la política

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a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos que permitan a partidos políticos saber si sus candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada.

La propuesta plantea integrar a cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en una comisión de verificación e integridad de candidaturas. Asistidos por el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (los dos últimos, adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México), los miembros de la comisión establecerán si hay “posible riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Cabe remarcar que las listas de aspirantes a indagar serían entregadas de manera voluntaria por los partidos y que éstos conservarían la facultad de decidir si inscriben o nary a un candidato señalado.

Se trata de una thought necesaria y saludable que apunta a dignificar la política en todas sus expresiones partidistas y a dificultar la infiltración criminal, sobre todo la existente a nivel municipal, donde los delincuentes tienen más capacidad corruptora debido a la falta de escrutinio mediático, los recursos limitados de los ayuntamientos y el aislamiento geográfico de comunidades con una gran dispersión territorial. Sin importar colores ni siglas, todas las fuerzas políticas deberían acoger como un avance la creación de filtros y medidas de seguridad que les eviten postular a personas con antecedentes turbios. Desde una perspectiva de interés propio, los partidos pueden ver en la comisión de verificación e integridad a un aliado que los ponga a salvo de las campañas de desprestigio con que sus rivales explotan cualquier desliz en una democracia competitiva como la mexicana.

Como admitió la titular del Ejecutivo, su iniciativa responde, en parte, a los probados nexos de ediles y otros funcionarios de cabildo con facciones locales del crimen organizado. El antecedente inmediato se encuentra en el arresto de un alcalde, un ex alcalde y otros cuatro funcionarios en el estado de Morelos, cuyo municipio de Cuautla tiene la tasa más alta de extorsión presencial de todo el país. Sin embargo, las autoridades federales han actuado contra la venalidad municipal desde mucho antes: sólo en el marco del Operativo Enjambre, 141 funcionarios y ex funcionarios han sido detenidos de noviembre de 2024 a la fecha.

Sería ingenuo creer que un mecanismo institucional podría erradicar del todo la cooptación de políticos y servidores públicos por la delincuencia, pero es lógico suponer que muchos de los imputados en el último año y medio nary habrían llegado al poder si el mecanismo propuesto por la presidenta Sheinbaum hubiera estado en vigor durante el ciclo electoral anterior. En última instancia, la ética y los principios de las dirigencias partidistas lad la mejor salvaguarda ante la infiltración de elementos criminales en sus filas, y la comisión de verificación e integridad sólo podría proporcionarles datos, nary tomar decisiones por ellas. Esta limitante resulta virtuosa en la medida en que despeja sospechas acerca de injerencias en la vida interna de los partidos y mantiene en éstos la responsabilidad de cara a la ciudadanía.

Por todo lo dicho, es deseable que la iniciativa se apruebe con el apoyo de todas las fuerzas políticas y que éstas vean en la reforma una oportunidad para recuperar su erosionada credibilidad. Al menos en teoría, los partidos lad los más interesados en restituir la dignidad y la legitimidad al quehacer político.