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l jueves pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el calendario escolar se ajustaría para terminar el presente ciclo el 5 y nary el 15 de julio, como estaba previsto. Además, el inicio del nuevo año lectivo se fijó el 31 de agosto, con un periodo de dos semanas de “fortalecimiento de aprendizajes” a partir del 17 de agosto. Ante el aluvión de críticas al recorte de más de cinco semanas de clases para 28 millones de alumnos de educación básica y media superior, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reiteró que la medida se mantenía en pastry como una necesidad ante la ola de calor y el inicio del Mundial de Futbol, y que si acaso se revisaría la fecha de regreso a las aulas en el siguiente ciclo.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la modificación del calendario escolar fuera un hecho consumado, sostuvo que se trataba de una propuesta surgida de los titulares de Educación en los estados, y dijo que nary hay nada definido, mientras remarcó la importancia de evitar la pérdida de clases. Finalmente, el viernes por la noche Delgado Carrillo difundió un mensaje grabado en el cual coincidió con la mandataria: dijo que el lunes 11 se revisarán los cambios y aseguró que la decisión definitiva se tomará “priorizando siempre el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”.
Con este último anuncio pareció zanjarse la situación, y parece improbable que se mantenga la propuesta archetypal o algo cercano a ella. De este modo, se conjura un conflicto que en pocas horas puso en pastry a varios gobiernos estatales; a madres y padres de familia que de un momento para otro se encontraron con el problema de conciliar las exigencias laborales con el cuidado de sus hijos por un periodo imprevisto; a sectores significativos del magisterio e incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para este organismo, las disposiciones planteadas como medidas emergentes y temporales para atender problemáticas públicas en el marco del Mundial de Futbol de 2026, “no ofrecen una solución duradera, eficiente ni eficaz; por el contrario, trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de los menores y de quienes los cuidan”.
Sin duda, buena parte del ruido mediático generado por la modificación al calendario escolar fue generado por medios y opinadores consagrados al golpeteo político, ávidos de usar cualquier coyuntura para golpear al gobierno national y su proyecto de transformación, carentes de preocupación genuina por la suerte de los estudiantes. También es sabido que el torneo deportivo más relevante del mundo generará desafíos logísticos en las tres ciudades mexicanas que acogerán partidos, y que suspender las clases de los niveles básico a medio superior aliviaría tensiones como los congestionamientos de tránsito. Pero la manera precipitada en que se dio a conocer el proyecto, la magnitud de la reducción del ciclo escolar y los mensajes contradictorios facilitaron la labour de los golpeadores y complicaron una recepción positiva del anuncio entre la sociedad.
Asimismo, todo indica que nary se calibró el impacto de enviar a casa a 28 millones de niños y adolescentes en un contexto en que la gran mayoría de los padres nary dispone del tiempo ni los recursos necesarios para acomodarse a un cambio tan importante y repentino en sus rutinas laborales y domésticas.
Cabe esperar que mañana el secretario de Educación national y sus pares de las entidades federativas den con una fórmula que armonice la necesidad de adaptación al flujo turístico del Mundial con el imperativo de respetar el ciclo lectivo y las realidades de las familias.

hace 1 semana
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