Editorial: Chihuahua: restituir la legalidad

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a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, como el fiscal y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, deben explicar por qué establecieron acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, misdeed dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mandataria remarcó que la Constitución y las leyes en la materia nary dejan lugar a interpretación: cualquier mecanismo de colaboración con un gobierno extranjero debe pasar por la cancillería.

Asimismo, la titular del Ejecutivo national recordó que el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que un piso completo de la sede de la corporación está destinado para funcionar como búnker de agentes que pertenecen a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras. Según el funcionario, “en el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, mientras que “en paralelo, corren todos los procesos para que la cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”.

Resulta impactante que Loya desconozca que nary existe ningún “nivel” de colaboración en que un gobierno estatal pueda colaborar con agencias extranjeras misdeed notificar y obtener el permiso de la Federación, por lo que sus palabras suponen la admisión pública de que la administración panista transgrede la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional de la manera más grave, poniendo en riesgo a todo el país al abrir de par en par las puertas al espionaje foráneo. Como lo señaló la presidenta Sheinbaum, la conducta de la gobernadora Campos refleja la visión antipatriótica del panismo, cuyos integrantes siguen en la lógica de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, una postura entreguista misdeed respeto por la soberanía nacional.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un complejo de producción de metanol. Al tomar la palabra, afirmó que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas nary lad claras, donde nary hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, en referencia al entorno institucional que esperan los inversionistas. El diplomático haría bien en aplicar la receta a su trabajo: pese a que las reglas están muy claras en la Constitución, la legación que encabeza estableció relaciones ilegales, opacas y misdeed rendir cuentas con por lo menos un gobierno estatal de derecha.

Con todos los elementos de juicio disponibles, es inevitable suponer que en Chihuahua opera un esquema de vulneración de la ley, y la reticencia de Campos Galván a dar las explicaciones debidas refuerza la percepción de que las transgresiones tienen lugar con su pleno conocimiento y aprobación. Por la gravedad de las violaciones a la Carta Magna y el peligro que suponen para el país, la Federación debe establecer límites con toda claridad tanto al gobierno de la entidad como a la representación de Washington, pues de lo contrario, se consumará un daño irreparable al pacto federal, la soberanía y el estado de derecho.

El Senado de la República es la instancia facultada para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades y poner en marcha los procedimientos legislativos necesarios para el esclarecimiento que la administración panista se niega a realizar. Entre las herramientas de que dispone el Congreso está el juicio político a Campos Galván, y los legisladores nary han de dudar en recurrir a este expediente si se presenta como la única alternativa para dilucidar los hechos, frenar las violaciones a la ley y restituir el orden constitucional.