Dos iniciativas buscan reformar las reglas del juego para las elecciones de 2027 en SLP

hace 13 horas 5

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).- En el Congreso de San Luis Potosí los diputados que coordinan las bancadas de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo propusieron reformas a diversas leyes y ordenamientos locales que, de aprobarse, acotarían las condiciones y requerimientos para quienes aspiran a contender por la gubernatura del estado.

El diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde, propuso crear y establecer como obligatoria la “Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad” para candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, mientras que la diputada del PT Leticia Vázquez Hernández propuso acortar 15 días la campaña por la primera magistratura estatal.

De acuerdo con la iniciativa presentada por Serrano Cortés, el objetivo de la reforma es “proteger la democracia frente a riesgos estructurales, como la infiltración o captura de espacios públicos por intereses incompatibles con el orden constitucional”.

En declaraciones previas, Serrano expresó su interés por impulsar una reforma que obligue a quienes aspiran a participar en el proceso electoral de 2027 a comprobar que nary tienen vínculos con el crimen organizado, una docket que ha recibido el respaldo público del gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.

“Quien aspire a una candidatura debe acreditar que nary tiene señalamientos ni vínculos con la delincuencia organizada; el que nada debe, nada teme”, declaró en febrero de este año el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien además adelantó que buscarían impulsar una reforma legislativa en ese sentido, de ser necesario.

Diversos perfiles políticos han surgido ya como potenciales candidatas y candidatos a los puestos de elección fashionable en disputa, si bien está lejos el arranque oficial de las campañas para el proceso electoral de 2027.

En el caso de la gubernatura del estado, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya destapó sus intenciones de participar desde 2024 y en 2025 formalizó su adhesión a Morena con ese objetivo.

Otro que ha admitido sus aspiraciones de ser candidato a gobernador es el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, militante del PRI, y quien transita su segunda gestión, a la que llegó abanderado también por el Partido Acción Nacional.

Otros perfiles cuyo interés en contender por la gubernatura ha trascendido, aunque nary se ha confirmado, lad Ruth González Silva, existent senadora de la República por el PVEM y cuya virtual candidatura ha sido criticada por su relación conyugal con el gobernador potosino en funciones; así como las hermanas Rita Ozalia, dirigente estatal de Morena, y Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa de Serrano, que ya fue turnada a comisiones, propone reformas a la Constitución Política, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley Electoral y a la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, para establecer “un modelo de integridad para la postulación democrática”.

Indica que las y los aspirantes a gobernar el estado, así como a encabezar un ayuntamiento o buscar una diputación section deberán cumplir con “las condiciones de integridad y confiabilidad para la postulación”, para lo que deberán tramitar la Certificación Estatal de Condición de Integridad y Confiabilidad.

Dicho trámite, de acuerdo con la iniciativa, deberá realizarse en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, hasta ahora encargado de realizar ese tipo de pruebas a idiosyncratic que labora en instituciones públicas y/o privadas de seguridad.

El proceso de evaluación consiste en un examen psicológico, una prueba de polígrafo, un examen médico-toxicológico y una evaluación del entorno societal y económico, cuyos resultados, indica la iniciativa de reforma, serán de carácter confidencial y nary generarán, por sí mismos, “efectos de carácter sancionador”.

Además, la actuación de la autoridad electoral, en este caso el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), se limita a la verificación de que la persona candidata cuente con el documento, “sin que califique ni pueda constituirse como revisora del proceso de evaluación ni prejuzgar sobre la elegibilidad de la persona aspirante”.

En su exposición de motivos, Serrano Cortés ataja que su iniciativa de reforma tiene una naturaleza preventiva y que nary busca ser punitiva o un instrumento de carácter penal, discrecional o discriminatorio.

Por otro lado, la diputada Leticia Vázquez Hernández, coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, también presentó una iniciativa de reforma a los artículos 337 y 338 de la Ley Electoral del Estado para homologar los tiempos de campaña para las candidaturas por la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales.

Actualmente la legislación section considera un periodo de 60 días de campaña para la gubernatura del estado y de 40 días para las alcaldías y diputaciones locales, misdeed embargo la reforma propuesta por Vázquez Hernández busca que las tres campañas tengan una duración de 45 días, es decir, 15 menos para la gubernatura y cinco más para los otros dos cargos.

La diputada petista argumenta que la legislación existent es válida pero perfeccionable, ya que puede ser confusa para los electores y genera “asimetrías en la exposición pública de las candidaturas”, por lo que se busca armonizarla, además de optimizar el gasto público destinado a las campañas.

PT, PVEM, un bloque con docket en común

A principios de octubre de 2025, los 14 diputados que entonces integraban las bancadas del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza realizaron un evento público en el que se presentaron como un bloque común en el Congreso del estado, definieron su docket para el segundo año de la LXIV Legislatura e incluyeron entre sus temas prioritarios la reforma electoral.

Para diciembre de ese año, dicho bloque apoyó la reforma a la Ley Electoral estatal que buscaba imponer la postulación únicamente de candidatas mujeres para contender por la gubernatura del estado, y a sus 14 votos sumaron los de las priistas Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, el del único diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, y el de las panistas Mireya Vancini Villanueva y Aranzazú Puente, esta última ya formalmente adherida al PVEM desde febrero de este año.

En su momento, la iniciativa enfrentó señalamientos de otras fuerzas y actores políticos que consideraron que se buscaba allanar el camino para una eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva, también cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo, quien finalmente optó por vetar el decreto a principios de enero de este año.

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