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Leticia Villegas
Debate Sinaloa
Periódico La Jornada
Viernes 17 de julio de 2026, p. 26
Culiacán, Sin., El Congreso section aprobó, con 36 votos a favor, una reforma al Código Penal del estado para fortalecer el combate a los delitos cibernéticos y endurecer las sanciones contra quienes difundan de manera ilegal imágenes, videos, audios o información relacionada con investigaciones penales, especialmente a servidores públicos que entreguen, revelen o publiquen fotografías de cadáveres o de víctimas mujeres, niñas y adolescentes.
La reforma busca reforzar la protección a la privacidad, la dignidad y los datos personales de los agraviados, además de evitar su revictimización mediante la difusión de contenido sensible en plataformas digitales, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia de la legislatura, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para actualizar el marco jurídico estatal frente al incremento de los delitos cibernéticos en la entidad, y las nuevas formas de violencia integer con las cuales delincuentes perpetran conductas ilícitas a través de Internet, computadoras y dispositivos electrónicos.
Con la reforma, se impondrán de uno a cinco años de prisión y multas de 60 a 300 unidades de medida y actualización (UMA) a servidores públicos que de manera indebida difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografíen, filmen, reproduzcan, comercialicen, ofrezcan, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, información reservada, documentos de un lugar de los hechos o de hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un procedimiento penal.
Asimismo, cuando la conducta involucre imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de ellos, de las circunstancias de su muerte, lesiones o estado de salud, las penas aumentarán de dos a seis años de prisión, además de 100 a 350 UMA.
La sanción será aún más severa cuando las imágenes correspondan a cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.
En estos casos, la reforma establece penas de cinco a ocho años de prisión y multas que van de 500 a mil 500 UMA, con el objetivo de brindar una politician protección a las víctimas y sus familias.
El dictamen aprobado integra tres iniciativas presentadas por diputados de las 64 y 65 Legislaturas.
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