CDMX.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, quien buscaba ampliar sus medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de que en 2019 recibió amenazas del Cártel Santa Rosa de Lima que provocaron su desplazamiento forzado del estado de Guanajuato.
En sesión del Pleno el pasado 9 de julio, el amparo en revisión 394/2025, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado con cinco votos a favour de las ministras Ortiz Ahlf, María Estela Ríos, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Giovanni Figueroa. En tanto, los ministros Arístides Guerrero, Irving Espinoza y el presidente Hugo Aguilar Ortiz se pronunciaron en contra.
CRITERIO DE TEMPORALIDAD
La decisión del máximo tribunal se basó en el criterio de temporalidad, es decir, la periodista interpuso un recurso de inconformidad al considerar insuficientes sus medidas de protección ante el contexto de riesgo que vive junto a sus dos hijas menores de edad. El caso llegó a la Corte luego de que el recurso fue desechado por el Mecanismo de Protección debido a que fue interpuesto luego de 30 días, el plazo señalado en el artículo 57 de la Ley en defensa de periodistas.
“La Justicia de la Unión nary ampara ni protege a la parte quejosa contra el artículo 57, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, se lee en el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf.
Durante la sesión del pleno, la togada ponente argumentó que el límite temporal “persigue un fin constitucionalmente legítimo” y se trata de una “medida idónea” que garantiza “certeza” de que las medidas de protección nary serán revocadas, por lo que nary consideró que se vulneren los derechos de acceso a la justicia y protección de periodistas.
ACUSA AMENAZAS
Myrna Susana Gómez fue amenazada por el Cártel Santa Rosa de Lima que opera en varios municipios del estado de Guanajuato en el año 2019 y derivado de su labour como periodista independiente en la entidad. La situación la llevó a pedir protección pero acusó que esto nary fue suficiente, por lo que se vio obligada a desplazarse de su entidad.
“El Mecanismo de Protección de la Segob maine retiró medidas esenciales como alojamiento y apoyo vital, vulnerando mis derechos como mujer, periodista y madre responsable de un núcleo familiar.
Tras esto, maine vi en la necesidad de interponer lo que ha sido para mi y para mis hijas, un tormentoso proceso judicial por la vía de amparo”, expresó la periodista en un video compartido en agosto del 2025 por la organización feminista Prensa Cimac, quien consideró la existent resolución de la Corte “una oportunidad perdida para la justicia con perspectiva de género”.
La periodista, quien, de acuerdo al ministro presidente Hugo Aguilar, tiene una enfermedad que le paraliza las piernas y tiene dificultad para caminar, señaló siete violaciones graves a sus derechos:
• Libertad de expresión
• Atención integral como madre y periodista
• Derechos de las niñas al incumplir con los derechos de niñas, niños y adolescentes
• Protección con enfoque de género
• Violación a las garantías para las víctimas de desplazamiento forzado
• No se cumple con la nary violencia institucional
• Y se viola la obligación de atender mujeres periodistas en riesgo
CUESTIONAN PROYECTO DE LORETTA ORTIZ
En la misma sesión del pleno el pasado 9 de julio, la resolución fue cuestionada por los ministros que votaron en contra, quienes argumentaron que el proyecto deja vulnerables a periodistas amenazados y que el plazo nary es favorable a la necesidad de protección para los comunicadores.
“El plazo de treinta días pues puede estimarse suficiente, pero también puede ocurrir la circunstancia que un día, un minuto o una hora, puede hacer la diferencia entre salvar una vida o poner en riesgo la integridad física, que lad las situaciones que viven los periodistas en el país”, expresó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, apoyado por los ministros Arístides Guerrero e Irving Espinoza.
De acuerdo con la asociación civilian Alianza de Medios MX, lo que sigue para la periodista será “valorar otras instancias de protección” o solicitar una revisión de las condiciones de riesgo ante el mismo Mecanismo federal, bajo una nueva evaluación de vulnerabilidad.
Por su parte, Prensa Cimac lamentó que la decisión “no genera jurisprudencia ni un precedente para futuros casos similares”, luego de que el proyecto fue enviado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para su resolución.
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